Estando República Dominicana entre los países que menos invierte en el área de protección a la salud mental (según registro fiel de acreditados especialistas) podría decirse que existe un estado de calamidad con un sistema médico presionado por el crecimiento en 300% en la demanda de atenciones tras la pandemia de covid-19. El país, bajo autoridades que no cumplieron objetivos trazados por ellas mismas, sigue careciendo de suficientes unidades asistenciales dispersas en hospitales públicos para sustituir la centralización en el manejo de casos psiquiátricos que existió por decenios.

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Una de las obligaciones más incumplidas por la Seguridad Social a fin de proporcionar respuestas integrales a necesidades apremiantes de afiliados es la de acoger a víctimas numerosas de depresiones que pueden conducir al suicidio o a la incapacidad laboral, insomnios, trastornos bipolares, adicciones a sustancias y trastornos de personalidad que arruinan existencias y aumentan los conflictos familiares.

Tras lograrse en consultas de tarifa elevada algún diagnóstico de colapso nervioso, los enfermos de escasos recursos quedan lanzados a procedimientos y medicaciones de costos muy prohibitivos. Para la mayoría de ellos están cerradas las puertas de opciones privadas de apoyo a los problemas mentales a los que la ciencia moderna está dando excelentes respuestas en un país en el que se incrementan los suicidios en jóvenes y adultos mayores y la presencia callejera de enajenados.