POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El 67% de las armas registradas legalmente se encuentran en manos de civiles, el 23% en las Fuerzas Armadas y el 10% en la Policía Nacional, revela el general Juan Tomás Taveras Rodríguez, encargado de la Policía Comunitaria, en su obra «Redefinición del rol policial».

Explicó que las armas en manos de ciudadanos totalizan 350,000, las de las Fuerzas Armadas suman 120,000 y la Policía tiene 50,000 legales. Entre 1990 y 2004 se ha incrementado en 19,800 el total de  guardianes en el país.

Taveras recomendó la reforma a la ley 36 de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, que incluya la regulación de las armas blancas y que prohíba el porte de las armas de fuego para todas las personas, incluidos militares, policías, vigilantes privados y funcionarios públicos, siempre que no estén en servicio, como garantía de control y reducción de su uso indiscriminado.

De otro lado, Taveras Rodríguez dijo que la Policía ha basado su accionar en aplicaciones de medidas improvisadas, lo que provoca la ineficiencia institucional a causa de la ausencia de gerencia y falta de planificación.

Indicó que esa metodología conlleva tomar decisiones apresuradas, personalizadas y distorsionadas de las demandas sociales que están enmarcadas para ser cumplidas con preferencia por la función policial, beneficiando así los caprichos

y aspiraciones personales de intereses malsanos.

Expresó que es contraproducente que un encargado de personal, o comandante de compañía de la Policía, según el área de trabajo, no tenga la libertad para designar un servicio de protección ciudadana, pero se le permite discrecionalidad para asignar policías al servicio de negocios, empresarios y amigos influyentes que necesitan protección.

Considera que esa práctica origina la fuga de recursos humanos y hace indebida la distribución del personal en las diferentes dependencias policiales, mientras en las nóminas figuran miembros asignados a diferentes puestos y a otras instituciones que no son reales.

El oficial consideró que el manejo de las informaciones y la comunicación interna dentro de la institución policial es ineficiente y, en los casos que tratan temas o áreas de interés de los superiores, es difícil obtener datos sobre los resultados o archivos de cualquier miembro u oficina.

Favoreció hacer una auditoría sobre recursos humanos y tecnológicos para crear un sistema de información eficiente, entrelazado, que ayude a medir y a tener a tiempo todas las informaciones y análisis de las mismas para una rápida labor gerencial de los recursos humanos.

Criticó que en la actualidad las designaciones se hacen de forma personalizada y sin ningún criterio de requisitos mínimos para poder cumplir con el rol de puestos de mando. También se debe controlar la injerencia de personas y funcionarios influyentes, dijo.

Cree que la reforma y modernización de la Policía no es sólo un asunto de normativas, sino de educación y recursos, en virtud de que en la nación ya es una costumbre la violación a la Constitución, las leyes, reglamentos y normas que rigen el estado de derecho.

Recomendó que la Policía tenga la facultad de participar en los consejos de gobierno y en la política de Estado, ya que la seguridad pública es de interés nacional.