Más de un cincuenta por ciento de las empresas que venden armas de fuego han quebrado luego de la prohibición por decreto de las importaciones a esos artefactos en 2006, lo que ha provocado que las pocas armerías que quedan en el mercado tengan que ofertar otros accesorios para poder subsistir.

Por esa medida ha crecido con un marcado énfasis el mercado negro, en el cual se compra y se vende todo tipo de armas de fuego, especialmente en la región fronteriza.

El decreto 309-06, del 24 de julio, prohibió la importación de armas, partes y municiones para el comercio con particulares, encareciendo el precio de éstas en el mercado formal-legal e impidiéndole a los ciudadanos adquirir armas para su defensa personal.

La situación se ha complicado en ese sector, porque la medida ha derivado en el cierre de un alto número de esos negocios, por lo que “tenemos una situación económica muy precaria”, expresa el presidente de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf), Peter Schmerler.

Expresa que los dueños de armerías son obedientes a lo que establezca el Estado. “No podemos hacer otra cosa, pero la verdad es que estamos pasando por una situación económica delicada; algunos nos mantenemos por la gracia de Dios”.

Destaca que en 2000-2004, esas compañías vendían semanalmente más de 8 armas de fuego, mientras que hoy sólo venden escasamente cuatro al mes.

Las armerías realizaban las importaciones de armas principalmente desde Estados Unidos, y entre 2004 y 2006 lo hacían desde algunos países europeos, mercados con precios más bajos.

De cada diez que acuden a comprar un arma de fuego, siete son hombres.

Regularmente son personas de negocios quienes han sentido la poca seguridad que hay en el país.

Cuando una persona  compra un arma la retira  en Material Bélico, de las  Fuerzas Armadas.

En 2007, con la resolución 01-07,  la secretaría de Interior y Policía (SEIP) autorizó a 16 armerías a importar municiones y pertrechos, para lo cual se requiere de un permiso de esa entidad.

De acuerdo con  la resolución, de 88 armerías que existían en el país en 2007, sólo 58 fueron autorizadas a operar, con lo cual las 30 restantes quedaron declaradas inexistentes, medida que fue tomada tras una auditoría realizada por la Intendencia General de Armas a esos establecimientos.

La SEIP tiene registradas a octubre de 2008, un total de 202,383 armas de fuego, de las que un 74 por ciento son pistolas, 14.05 por ciento escopetas, 11.35% revólveres y 0.22% rifles.

Mercado negro

Algunos propietarios de armerías se quejan porque entienden que en el país operan impunemente mafias que se dedican al contrabando de armas frente a la actitud indiferente de las autoridades.

La prohibición de las importaciones de armas ha provocado un desabastecimiento de éstas del comercio formal, lo que estiman ha  incrementado el contrabando de esos artefactos  por la frontera,  los puertos y aeropuertos del país.

 Schmerler explica  que el mercado negro siempre existirá cuando haya oferta y demanda, “y eso lo encontraremos por tierra y por mar. El mercado negro es un arma de doble filo, porque si ahora las importaciones se abren ese mercado automáticamente se cae”.

Explica que las armas de fuego que entran de contrabando representan una opción para la delincuencia y una pérdida para el Estado en lo concerniente a las recaudaciones.

Revisión decreto

La Adivaf considera que se debe revisar el decreto que prohíbe las armas, por entender que las armerías son instituciones que ofrecen servicio de vigilancia y seguridad, y los polígonos de entrenamiento dependen de esas importaciones para poder darles servicio a sus clientes.

Explica que muchos de esos negocios  pagan hasta RD$30,000 mensual por alquiler de local, por lo que sus pérdidas actualmente oscilan entre los RD$50,000 y RD$60,000 al mes.

Las tiendas de armas afectadas por la medida han tenido que dedicarse también a la venta de accesorios para policías y militares como chalecos, cananas, correas, insignias, gorras, zapatos y quepis, entre otros, como una forma de mantenerse en el mercado.

Zoom

Regulación armas

La Ley No.36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, del 18 de octubre de 1965, confiere a la secretaría de Interior y Policía  la facultad de aplicar las normas legales para regular lo concerniente al comercio, porte y tenencia en la población civil.

Esa ley excluye del derecho de portar arma de fuego a menores de 18 años, enfermos mentales, afectados por drogas y alcohol, así como a los condenados por delitos y sometidos a la justicia.

Entre los requisitos para solicitar autorización de porte y tenencia de un arma se citan el pago de impuestos,  prueba antidoping, evaluación de salud mental, así como el pago de una póliza de seguro y certificación de participación del solicitante tanto en un taller teórico del manejo de armas como en prácticas en un polígono de tiro.