Participación Ciudadana dio a conocer el resultado de una investigación según la cual la mayoría de los funcionarios de la presente administración ha cumplido con  el requisito de la declaración jurada de bienes que establece la ley, pero no así los del pasado gobierno.

El coordinador general de la institución, Paulo Herrera Maluf, informó ayer que 1,349 funcionarios del actual gobierno ha hecho su declaración de bienes de acuerdo al observatorio realizado, pero sólo 214 de los 1,500 funcionarios obligados a prestar declaración cumplió con esta obligación en la pasada administración.

Pasado gobierno

Entre los 214 ex funcionarios declarantes se encuentran el ex presidente Hipólito Mejía y la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, 82 ex funcionarios del sector bancario en su mayoría del Banco de Reservas, el ex superintendente de Valores y un ex gobernador del Banco Central, quienes también produjeron sus declaraciones al termino del periodo constitucional 2000-2004.

Asimismo los ex secretarios de Estado Andrés Reyes, de Educación Superior; César Julio Cedeño, de Deportes; Eligio Antonio Jáquez,  de Agricultura; Francisco Guerrero Prats,  de Relaciones Exteriores; José Miguel Soto Jiménez,  de las Fuerzas Armadas y José Rodríguez Soldevilla,  de Salud.

También hicieron su declaración Miguel Vargas Maldonado, ex secretario de Obras Públicas; Milton Ray Guevara, de Trabajo; Pedro Franco Badía, de Interior y Policía; Frank Moya Pons, de Medio Ambiente; Rafael Calderón, de Finanzas; Robert Darío Vargas, de la Juventud; Sonia Guzmán, de Industria y Comercio; Tony Raful, de Cultura, Yadira Henríquez, de la Mujer y Sergio Grullón, de la Presidencia, así como  24 ex subsecretarios de Estado.

Se pudo constatar el cumplimiento del requerimiento  de notarizar las declaraciones, no así la utilización del formulario elaborado por el Departamento de Prevención de la Corrupción para hacer las declaraciones,  ya que solo cuatro (4) ex funcionarios utilizaron el mismo y la mayoría ofreció su declaración sin tomar en cuenta ningún formato. 

Al no utilizar el formato del DPCA se obvian datos importantes como los ascendientes y cónyuges, tan importantes para rastrear fortunas.  Así como el detalle del patrimonio que va desde existencia de ganado, productos agrícolas y forestales, inmuebles urbanos, inmuebles rurales, acciones en empresas, bonos, depósitos en bancos y tipo de cuentas, entre otros.

Si se toma como parámetro lo establecido por la Ley 82-79, puede colegirse que los servidores salientes no cumplieron con la Ley, ya que de un promedio de 1,500 funcionarios solo 214 dieron cumplimiento, equivalente al 14%.

Gobierno Actual

En la Tesorería Nacional fueron entregadas 1,349 declaraciones juradas de bienes correspondientes a la actual gestión de gobierno y de ellas solo 74 subsecretarios de Estado habían cumplido con la responsabilidad de hacer su declaración.

Resulta inexplicable que de los subsecretarios de Estado de Relaciones Exteriores, de la Mujer, de Medio Ambiente y de Trabajo,  solo dos hayan hecho su declaración.

Las declaraciones juradas de bienes encontradas, hasta ahora, no nos permiten ver con claridad el significado o el contenido de muchas de las partidas. Por ejemplo, en muchos casos aparece la mayor parte del patrimonio de ciertos funcionarios en partidas denominadas como “inversiones”, o  “terrenos”  o sencillamente “otros”, sin ningún detalle de su contenido. Un número importante de estos declarantes muestra como patrimonio acciones en compañías que nos imaginamos el ministerio público ha constatado su existencia real, dijo Herrera Maluf.

Legisladores

En el caso de los legisladores, los datos indican que solo 9 de los 32 senadores y 49 de los 189 diputados han hecho su declaración jurada. Las disposiciones del Poder Ejecutivo en materia de reglamentación para la Declaración Jurada de Bienes constituyen un avance importante en el camino que hay que recorrer para lograr que efectivamente las declaraciones patrimoniales se conviertan en un instrumento al servicio de la transparencia y la prevención de la corrupción.

Recomendación

Este observatorio exige que las autoridades sean coherentes y se apliquen las sanciones previstas por la ley para estos casos. Cuando se trata de ex funcionarios deberá crearse alguna figura que impida que estas personas realicen funciones o contratos con el Estado, mientras no produzcan su declaración.

De igual forma el Congreso que se instala este 16 de agosto está en la obligación de revisar las propuestas de modificación a la Ley 82-79 de Declaración Jurada de Bienes, que reposan desde hace varios años en Poder del estado; con el fin de sancionar de una vez por todas las modificaciones que requiere dicha Ley, como garantía para el cumplimiento de su rol.