Hoy 
POR JUAN MARIA RAMIREZ
La mayoría de los presos que están en las cárceles del país, 67 de cada 100, son analfabetos o con un nivel de escolaridad que no garantiza un desempeño adecuado para las competencias de la vida actual, lo que implica un desafío para las políticas educativas en los recintos penitenciario y el resto del país.
El dato está contenido en el Primer Censo Nacional Penitenciario preparado por la Oficina Nacional de Defensa Pública, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Procuraduría General de la República y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, en el marco del plan de trabajo de la Comisión Nacional de Ejecución Procesal Penal (CONAEJ).
Un dato importante que se reflejó en la encuesta es el alto grado de insalubridad y la falta de servicios jurídicos a los reclusos de las 42 localidades que fueron visitadas por los 550 profesionales y estudiantes que hicieron el trabajo.
Según el estudio hecho a 12,708 presidiarios, el nivel más alto a que han llegado algunos de los carcelarios es al octavo de primaria, y cerca de la tercera parte de todos los internos se clasifican en la categoría de trabajo independiente no técnico e informal.
El censo, dado a conocer ayer en el Auditorio del edificio de la Suprema Corte de Justicia, resalta los problemas de hacinamiento, carencia de servicios básicos, inadecuada gerencia de los establecimientos, incoordinaciones y prácticas aberrantes, lo que puede convertirse en una oportunidad para adoptar políticas y medidas que logren superar el cuadro presentado.
De los reclusos censados, el 18.7% (2,371 reclusos) manifestó no contar con ningún tipo de defensa técnica, es decir, aquellos que han sido abandonados por sus abogados o que, habiendo sido condenados de manera definitiva, no cuentan con la asistencia de un abogado defensor.
En cuanto a la nacionalidad de la población penitenciaria, los haitianos son el grupo más numeroso, con solo el 3 por ciento de la población total. Las otras nacionalidades en conjunto no superan siquiera a los haitianos.
Esta información sin embargo, no permite sacar conclusiones sobre la incidencia de los haitianos en la comisión de ilícitos penales.
De acuerdo a los datos un 67.3% de los reclusos no cuentan con sentencia definitiva entre lo que se encuentra el 38% sin condena. Con relación a todos los casos de los internos en los recintos carcelarios el 31.4% tienen condena definitiva. En ese mismo orden, indica que son muchas las voces que señalan un alto número de personas que se encuentran en libertad, y que las fianzas se otorgan indiscriminadamente, sin embargo sólo al 12.4% le han fijado fianza y el 76.7% no. En el caso de la Defensa Pública el porcentaje de fianza fijadas es más elevado, 14.6%.
SANCIÓN IMPUESTA
Se nota en el estudio que de 7,736 reclusos encuestados el 61.5% ha recibido sanción por encima de los cinco años, si a esto se le agrega el 25.8% de los sancionados a una pena de 2 a 5 años se puede concluir que el 87.3% han sido procesos criminales, y sólo el 6.7% han sido probablemente correccionales.
Resalta que el porcentaje excesivo de penas altas podría tener su justificación en el hecho de que de los encuestados, el 25.9% manifestó haber sido acusados de robo y el 35.3% dicen haber sido acusados de homicidio delitos que conllevan penas altas.
CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA
En principio podría entenderse que un 5.0% constituye una cifra mínima de imputados que están en la cárcel no obstante haber cumplido su condena, sin embargo estos resultados obliga a revisar de manera urgente la situación de las personas que guardan prisión por tener multas pendientes de pagar e internos que manifiestan no haber recibido su libertad.
Los organizadores del censo consideran realmente preocupante que de los 384 imputados que dicen haber cumplido su condena, 223 manifieste que se mantienen en prisión porque no le ha llegado la orden de libertad, sobre todo en virtud a que conforme el Código Procesal Penal la libertad debe ser ejecutada desde la misma sala de audiencia y no debe estar sujeta a trámites burocráticos.
Recomiendan a las autoridades y a los abogados que se detengan a revisar la situación de los asistidos que guardan prisión por no haber pagado una multa, lo cual fue evidenciado en 60 casos.
Recuerdan que la nueva normativa procesal permite la sustitución de la multa por la realización de un trabajo comunitario, que sin lugar a dudas puede resultar en más beneficios a la sociedad que tener un imputado en prisión constituyendo una carga para el Estado. Constantemente se escucha hablar de que los imputados obtienen su libertad y vuelven a reincidir una y otra vez; sin embargo, de un total de 12,708 personas encuestadas sólo el 16.0% manifestó haber sido condenado anteriormente.
RECLUSOS DEPORTADOS
Del total de encuestados sólo el 4.0% señala haber sido deportado por hechos cometidos en otros países, y aún sumando el 6.0% de quienes no responden sería mínimo el porcentaje de reclusos que han sido deportados.
La encuesta refleja que unos 1,177 internos han sido trasladados por lo menos a dos lugares para un 9.3% y a tres prisiones unos 302 para un 2.4%, cifras significativas para el sistema judicial.
De acuerdo a los datos obtenidos en el Censo más del 60 por ciento de los internos en las cárceles dominicanos no ha tomado ningún curso o no se le ha permitido participar en ellos, sea porque no se han impartido en los centros donde se encuentran o ha existido una orden para que no se beneficie de ellos.
Las áreas de capacitación o educación donde con más frecuencia participan son los cursos de alfabetización y educación básica, informática e idiomas, estos dos últimos por el impacto que tienen en la vida cotidiana.
TALLERES A LOS QUE ASISTE
En correspondencia con el nivel educativo de las personas internas en los centros penitenciarios del país, los cursos y talleres que se ofrecen están dirigidos a oficios tradicionales ligados a áreas como mecánica de vehículos, construcción y cuidado personal.
ENFERMEDADES EN LA CARCEL
De acuerdo a lo reportado por los internos, las principales enfermedades que padecen en este momento son las del sistema respiratorio (gripe, bronquitis, tuberculosis y asma) con un 34 por ciento; le siguen las enfermedades cardio-renales.
El lugar donde se preparan los alimentos y la calidad de estos en los centros penitenciarios es una fuente de enfermedades, en la que se resaltan las respuestas ofrecidas que cerca del 45 por ciento de los internos tienen que preparar sus propios alimentos, porque rechazan los que prepara la administración carcelaria. Solo el 40 por ciento de los censados reportó que consumen el chao.
Un dato preocupante es que más de una tercera parte de todos los censados se prepara sus alimentos en su propia celda, normalmente en hornillas eléctricas, lo que provoca muchas veces accidentes que resultan en incendios cono quemaduras graves para los afectados.
Ligado con la alta frecuencia de enfermedades en el sistema penitenciario se encuentra el lugar donde los internos realizan sus necesidades fisiológicas. De acuerdo al estudio, la mayoría lo hace en sanitarios que están en las propias celdas, cerca de donde duermen, lo que incrementa la posibilidad de contagio.
RECOMENDACIONES
Los promotores de la encuesta recomiendan la creación de un sistema efectivo y eficiente que asegure el flujo de información sobre el estatus procesal de los reclusos de manera que la Dirección General de Prisiones pueda contar con datos actualizados como resultado de las diferentes etapas del proceso penal.
Es urgente el mejoramiento de las infraestructuras físicas de los recintos penitenciarios a nivel nacional y se recomienda además, a la Dirección General de Prisiones el desarrollo de auditorías de calidad a los diferentes servicios ofrecidos a los reclusos que permitan establecer debilidades concretas.
Es importante la planeación, ejecución y seguimiento de programas de rehabilitación de los reclusos como una forma de reducir el nivel de ocio.
Se recomienda la aplicación de un programa de seguimiento de la reinserción social para los reclusos que hayan obtenido su libertad a los fines de evitar que vuelvan a reincidir en el crimen.
De igual modo se recomienda asimismo la elaboración de censos penitenciarios cada cierto tiempo, para que las autoridades correspondientes tengan un registro actualizado sobre la situación del sistema penitenciario nacional.
Se sugiere también, la elaboración de una Ley de Ejecución Penal que adecue el sistema penitenciario a los presupuestos constitucionales establecidos en el Código Procesal Penal y demás leyes complementarias.
