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Brasilia
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El Senado brasileño, en una maratoniana sesión que debería concluir la madrugada de este jueves, se comenzó a inclinar claramente en favor de instaurar un juicio político que suspenderá a la mandataria Dilma Rousseff durante al menos 180 días.
Hacia la 02H30 GMT del jueves, 30 senadores expresaron su apoyo al impeachment por nueve en contra. Cifra que se acerca a la mayoría simple de senadores presentes, de un pleno de 81, necesaria para apartar a la presidenta del poder durante hasta 180 días, mientras dura el proceso.
En contra del llamado “impeachment” solo se habían pronunciado nueve oradores, pero el resultado que se insinuaba aún no podía ser considerado definitivo, pues el pleno del Senado tiene 81 miembros y es necesaria una mayoría simple de 41 votos para aprobar el proceso. Si así fuera, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado a partir de este jueves mismo por el vicepresidente Michel Temer, quien deberá completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de una definitiva destitución. Los únicos senadores que hablaron contra el proceso fueron Angela Portela, Jorge Viana y Fátima Bezerra, todos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Telmário Mota, del Partido Democrático Laborista (PDT), una de las pocas formaciones que permanece en la menguada base política de Rousseff.
En sus discursos, insistieron en la tesis de que en Brasil está en marcha un “golpe contra la democracia”, a pesar de que ayer mismo la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional, avaló el desarrollo del proceso al negar un último recurso intentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.
La demanda exigía la “nulidad” de todo el proceso y alegaba para ello supuestos “vicios” detectados desde el propio inicio, pero fue negada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal.
El principal argumento de la demanda era un supuesto “desvío de finalidad” cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta.
