POR TANIA HIDALGO
La mayoría de jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no dominan en su totalidad el nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia en septiembre próximo, lo que a juicio de magistrados consultados podría ocasionar serios inconvenientes en la aplicación de esa legislación.

Varios jueces de instrucción y salas penales consultados por reporteros de HOY, quienes pidieron reservas de sus nombres, manifestaron que a 33 días de entrar en vigencia la nueva legislación, la Suprema Corte de Justicia no les ha ofrecido el adiestramiento necesario.

Expresaron que la simple lectura del nuevo Código Procesal Penal  no es suficiente para tener los conocimientos necesarios, ya que hay algunos artículos que requieren ser explicados por personal diestro en la materia.

Se quejaron de que pese a que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la ley, no son tomados en cuenta al momento de sugerir cambios y modificaciones en el sector.

Recordaron que la Suprema Corte les informó que implementaría una serie de medidas anticipadas al nuevo código un día antes de anunciarlo públicamente.

Como preámbulo para la aplicación del nuevo código, la SCJ y la Procuraduría General de la República emitieron, a mediados de noviembre del 2003, las resoluciones número 1920 y 14783, respectivamente, las cuales establecen 21 medidas tendentes a ir adecuando la puesta en vigencia del nuevo sistema legal.

El nuevo Código Procesal Penal, contenido en la ley 76-02, fue aprobado en lka Cámara de Diputados el 17 de abril del 2002 y en el Senado el dos de julio del mismo año. Fue promulgado el 19 de julio del mismo año.

La semana pasada, Enrique marchena, juez de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, el alto comisionado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Domingo Porfirio Rojas Nina y los abogados Jottin Cury hijo y César Alcántara afirmaron que el país corre el riesgo de caer en un caos y en un limbo jurídico en materia de persecución penal, si se pone en vigencia este nuevo código. 

Expresaron que no existen el conocimiento ni los mecanismos para la aplicación de esa ley.

Asimismo, se hizo referencia a la información que da cuenta de que el 92 por ciento de los miembros del Ministerio Público no está en capacidad de representar a la sociedad.

Entre las medidas contempladas en la resolución 1920 de la Suprema Corte están que los abogados acompañen a sus defendidos durante los interrogatorios practicados por el juez de instrucción, de manera que puedan ser asistidos en sus derechos e impedir un trato vejatorio en base a preguntas intimidatorias.