Las autoridades nacionales deben prestar particular atención a las denuncias hechas por la Unión de Farmacias. Son denuncias muy serias porque envuelven asuntos graves de salud para los dominicanos y porque entrañan, además, la posibilidad de una competencia comercial inequitativa en un sector clave de la economía. El tema de la falsificación de medicamentos se nos viene encima de cuando en cuando, sin que las autoridades encuentren una solución definitiva a tan importante cuestión. En el pasado las denuncias han ocupado titulares de los principales diarios, editoriales, expresiones de preocupación de parte de varios sectores, incluyendo a los profesionales de la salud. Incluso, se han ubicado los lugares donde ese comercio se exhibe a la luz del día de manera desvergonzada, pero las autoridades de salud y del Ministerio Público se cansan o prometen investigaciones que se quedan a medio camino. Mientras tanto, los ciudadanos que compran medicamentos no saben si son legítimos o falsificados, no saben si van a sanar sus dolencias o si van a empeorarlas. Tampoco los galenos que los recetan. ¡Horrible! Vender medicamentos falsificados o vencidos debe ser considerado un crimen horrendo. Salud Pública y el Ministerio Público deben unirse para luchar con determinación y fortaleza contra este delito. No hacerlo es fallarle a la sociedad y a su razón de ser. La otra dimensión de la denuncia de la Unión de Farmacias es estrictamente económica y comercial.
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Es, también, un problema de años que los propietarios y operadores de farmacias individuales vienen denunciando pero sin que les hagan caso. Organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) debe intervenir para considerar los elementos de esta denuncia. Propietarios y gerentes de farmacias afirman que muchos de estos negocios han tenido que cerrar sus puertas en los últimos años, acosados y ahogados por presuntas prácticas desleales de comercio. El subsector de las farmacias merece una respuesta a su denuncia.