Se necesita ser un monstruo de maldad y ambición para fabricar o comercializar medicamentos falsificados atentando contra la vida y la salud de miles de enfermos que, a  veces, tienen que dejar de comer para comprar medicinas que en vez de curarlos, los pueden llevar a la muerte.

Quienes consumen medicamentos falsificados o vencidos son víctimas dobles de los inescrupulosos que los engañan y ponen en riesgo sus vidas,   protegidos por un inexplicable silencio y falta de acción de las autoridades correspondientes.

Y digo inexplicable, porque además de que la Ley 22-06 criminaliza y castiga con multas y prisión esta dañina práctica, también perjudica la sana competencia, viola el derecho de propiedad industrial y las recaudaciones que debiera recibir el Estado. 

La República Dominicana  ocupa el segundo lugar en el mundo en este tipo de delito que mueve, anualmente, 1,300 millones de pesos en el país. Por ello, además de la ley, el ex presidente Leonel Fernández promulgó el decreto 342-09 creando una comisión interinstitucional para combatir el mal.

Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha asumido su rol y el mayor combate contra los falsificadores lo ha librado la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), pero la han dejado sola en una lucha desigual y peligrosa.

Dada la gravedad de la situación por los niveles alcanzados y el riesgo a que se expone nuestra población, se hace impostergable que Pro Consumidor, el Ministerio de Salud, Industria y Comercio, ARAPF  y todos los sectores que tienen que ver con la salud del pueblo, se unan en una jornada sin tregua hasta acabar con este crimen de lesa humanidad.