En la versión criolla, aplatanada, de la llamada democracia representativa, el verbo consensuar es el más difícil de conjugar, a pesar de que, paradójicamente, está en boca de todo el mundo y es una palabra tan manoseada como una moneda vieja y devaluada. Por eso no me hago muchas ilusiones con el diálogo político del que deberá salir una Ley de Partidos y Electoral consensuadas, que definirá también, por consenso, los perfiles de los integrantes de la JCE y el TSE. Pero hay que seguir intentándolo, actuar como si todavía creyéramos que es posible un diálogo incluyente y participativo en el que los dialogantes depongan sus intereses particulares en beneficio del país, su democracia y sus ciudadanos. Por eso saludo el anuncio de monseñor Agripino Núñez Collado de que los partidos acordaron escuchar a cuatro representantes de la Coalición por la Institucionalidad Democrática, que podrán participar en la reunión a celebrarse el martes 13 de septiembre y exponer allí sus sugerencias. Núñez Collado aclaró, sin embargo, que todavía no han sido aceptados como miembros de la mesa, y que corresponde al Comité Político decidir si acepta su permanencia de manera formal en las discusiones. Serán entonces los 35 miembros del máximo organismo de dirección del PLD, el partido que controla todos los poderes del Estado (y un chin más), quienes finalmente decidirán si se toman en cuenta las opiniones y sugerencias de la sociedad civil, que aboga por que los miembros de la JCE y las altas cortes sean “apartidistas, que garanticen la equidad, independencia e imparcialidad de sus actuaciones y que solo estén comprometidos con la aplicación correcta de las leyes”, o si le imponen al resto de la sociedad, como han hecho hasta ahora, sus intereses de Partido-Estado, ignorando los necesarios consensos que garantizan una gobernabilidad duradera y sin traumas.