La eliminación  total de la cuota de recuperación que se cobraba a los pacientes en los hospitales, se inscribe como un importante aporte  para la atención en salud de más de un millón de personas de escasos recursos. El monto que pagaba cada paciente por ese concepto equivalía a sustraerle recursos que necesitaba para comprar  medicamentos o pagar estudios y procedimientos relacionados con sus particulares dolencias. Esa cuota penalizaba nada menos que a los más pobres y necesitados.

 Medida en términos de valor absoluto, la eliminación de la cuota de recuperación significa que el Estado absuelve unos 600 millones de pesos por año, que dejarán de pagar los pobres, por  lo que mejorará su capacidad adquisitiva para hacerle frente a las contingencias de salud. El impacto social es aún mucho mayor, si se toma en cuenta que desaparece del esquema de atención en salud una de las cargas más injustas porque se aplicaba al segmento poblacional más débil.

Hay que recordar que la cuota de recuperación se cobraba a personas que no están incluidas en el Seguro Familiar de Salud, lo que de por sí significa cierto grado de exclusión. La eliminación del cobro atenúa en cierto modo un perjuicio que se había arrastrado durante mucho tiempo, pues ese cobro plantaba un serio obstáculo para gente pobre necesitada de atención médica.

DEL INCENTIVO A LA INEQUIDAD 

El Estado está en el deber de impulsar políticas  para fomentar el  desarrollo sectorial, pero también está obligado a fijar plazos de aplicación de los incentivos y medir sus efectos y hacer las correcciones pertinentes. Un incentivo permanente puede llegar a  convertirse en un factor de inequidad indeseable. En ese contexto, es justo el reclamo de la AEIH, de que se redefina el tema de los incentivos fiscales, de manera que estén ajustados a  períodos límites y  medición de resultados.

 Todo incentivo fiscal debe perseguir un objetivo que ayude al desarrollo por medio de sus efectos sociales y económicos, como por ejemplo generación de empleo o aumento de las exportaciones. Los planificadores económicos del país deberían tomar en cuenta la sugerencia de la AEIH para fijarle a muchos de los incentivos que se otorgan un objetivo claro y un plazo para medir los resultados obtenidos.