La Procuraduría General para el Sistema Eléctrico (PGASE) impuso  medidas de coerción a nueve comerciantes a quienes  detectó  conexiones ilegales.

Los imputados son Camilo Mena y Ernesto Tejada Morel, residentes en Santiago; Ángel María Pilarte, domiciliado en La Vega: así como Ramona Reyes, Melquisedes Paredes, Rafael Domingo, Jorge Fabián, Carolina Altagracia Suero, Yeki Bladimir Díaz Reyes y Dionis Monción, habitantes de Montecristi, informó el titular del PGASE, magistrado Moisés Ferrer.

A todas estas personas les fueron impuestas las medidas de coerción consistentes en presentarse mensualmente por ante la PGASE por seis meses e impedimento de salida del país sin autorización previa, dijo el funcionario.

En una nota explica que la medida incluye  la obligación de presentar garantía económica ascendentes a RD$50,000 cada uno.

Señala  que a Paredes le descubrieron dos conexiones directas al suministro eléctrico en  una empresa de su propiedad.