POR LLENNIS JIMÉNEZ
Participación Ciudadana solicitó al secretario de Interior y Policía que explique a la población su interés por desintegrar las policías municipales y recuperar por la fuerza equipos que están en poder de los ayuntamientos desde el pasado gobierno, a la vez que le advirtió que con estas medidas afecta la autonomía de los ayuntamientos y podría generar perturbación política.

José Ceballos, coordinador de Sala Vecinal y encargado de Justicia y Derechos Ciudadanos en Participación Ciudadana, dijo que el doctor Franklín Almeyda Rancier, como secretario de Interior y Policía, debe explicar la validez de sus medidas.

Advirtió que la policía municipal es una potestad de los ayuntamientos, sustentada en su autonomía.

Cevallos indicó que la situación se hace más complicada y preocupante entre Interior y Policía y los ayuntamientos, debido que también se tomó la decisión de desarmar los alcaldes pedaneos, a los que definió como una figura que juega un papel coordinado con la Policía y en la que los ayuntamientos tienen un peso.

Debe respetar Almeida Rancier, además, dijo Cevallos, la autonomía de los ayuntamientos y tratar de hacer mejor su trabajo sin que pueda provocar confusiones, riesgos o confrontación política.

Ceballos planteó que sería inconstitucional intentar afectar la autonomía de los municipios y estimó que Almeyda Rancier debe convocar a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) para discutir la regularización de las policías municipales.

Sostuvo que esto podría tener implicaciones políticas, ya que nadie puede negar que el 95% los ayuntamientos lo conduce el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por lo que esas acciones podrían malinterpretarse con un proceso electoral que se avecina, en el que el partido de gobierno podría querer una mayor presencia en los cabildos.

Este que el gobierno debe evitar el tipo de perturbación que se está generando y dando motivos a la oposición para actuar en función de un objetivo. «Esto provocaría que toda las instancias de poder de la oposición en el Estado se reactive en función de algo que el país no necesita tampoco».

Dijo que descarta que el poder Ejecutivo respalde una acción tan incomprensible como la que promueve Interior y Policía.

Interior y Policía, dijo Cevallos, debe comenzar a revisar y adecuar la función de la policía municipal, su personal y su relación con la Policía Nacional, además determinar junto a los funcionarios de cada localidad el reglamento que sustentaría jurídicamente ese cuerpo.

Agregó que además se debe establecer si es necesaria, si deben estar armados y si la Policía Nacional está en capacidad de atender los asuntos municipales, en caso decida eliminarla.

Estimó que es insignificante la cantidad de policías municipales que hay en el país y «que el 90% de los ayuntamientos no tiene policías municipales».

Ceballos dijo que se está a tiempo de calmar los ánimos y prudentemente sentarse a conciliar y buscar una solución.

Consideró que las decisiones que Almeyda Rancier está tomando deberán revisarse, porque la Constitución le establece un rango a los gobiernos locales y la Ley 3455 sobre Organización Municipal define claramente la autonomía de los cabildos.

Ceballos dijo que hacía tiempo que un secretario de Interior y Policía no ponía atención a algunas de sus funciones, como está haciendo ahora Almeyda Rancier, a quien definió como muy activo en todo el proceso de reforma y dirección de la nueva Policía Nacional.

Dijo que ahora hay una diferencia con el pasado, ya que el secretario de Interior y Policía coordina junto al jefe de la Policía Nacional una serie de directrices.

Cevallos dijo que la actuación del secretario de Interior y Policía provocó también una repercusión en el Congreso, instancia donde la oposición tiene una presencia significativa.