En América Latina y buena parte del mundo, la corrupción es tan común que muchas sociedades se han acostumbrado a ella, formando parte de su “modus vivendi”.
Sin embargo, de vez en cuando nos encontramos con casos que nos indican que la gente se está hartando de que le roben los recursos que podrían dedicarse a mejorar la educación, los sistemas de salud, la seguridad pública, etc.
Uno de ellos, es el sucedido hace unos meses en Guatemala, en donde las acusaciones de corrupción en contra del Presidente y Vicepresidente de la República, ocasionaron que ambos fueran a prisión, un hecho poco común en nuestro continente, donde la justicia frecuentemente está subordinada al Poder Político.
Debemos recordar, que en el mencionado país, las investigaciones judiciales de importancia están “tercerizadas”, pues existe la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que investiga junto con la Fiscalía General los casos de corrupción administrativa, financiamiento electoral ilícito, corrupción judicial, narcotráfico, lavado de activos y contrabando.
Este organismo es producto de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala en el año 2006, el cual fue ratificado por el Congreso en el 2007.
El Secretario General de las Naciones Unidas es quien nombra a la persona que dirige en CICIG.
No tenemos dudas de que el Poder Judicial Guatemalteco se ha fortalecido con la creación de esta importante comisión.
Actualmente, todo Brasil se estremece con el escándalo que involucra a políticos y empresarios en un esquema de corrupción, encaminado a sobrevalorar contratos de obras en la enorme empresa estatal “Petrobras”, desviando esos montos a bolsillos particulares y Partidos Políticos. Por este motivo, se encuentran acusados y en prisión un número importante de representantes del mundo empresarial y político.
El expresidente Lula está dentro del expediente del ya famoso caso “Lava Jato”, acusado de corrupción, habiendo pasado por situaciones que nunca imaginó cuando salió del poder.

En el caso brasilero, la justicia actuó por su cuenta, dando un ejemplo de la independencia que deben de tener los poderes públicos.
Mientras esas cosas suceden en playas extranjeras, nuestra justicia además de los ya conocidos casos, en donde ratifica y refuerza la impunidad como norma, continúa dando de qué hablar, al liberar por decisión de una jueza a un grupo de extranjeros atrapados con las manos en la masa, con más de 300 kilos de drogas que trataban de introducir al país.
Según estudios realizados por la Universidad MIT y otros centros de estudios superiores, además del correcto funcionamiento del Poder Judicial, es necesario el rechazo social a las prácticas corruptas, pues sin reacciones ciudadanas contundentes no hay maneras de disminuir la ocurrencia de estos hechos.
Hasta la fecha, nuestra sociedad ha sido tímida en condenar y rechazar a los corruptos, más bien ha sido permisiva, pues no existe forma de entender que legisladores, alcaldes y partidos involucrados en hechos de corrupción vuelvan a ser elegidos.
Creemos que la independencia y autonomía del Ministerio Público, así como la creación de una fiscalía especial contra la corrupción, donde su cabeza sea seleccionada con una amplia y activa participación de la sociedad civil, contribuirían a disminuir los actos de este tipo que tanto abundan en nuestros días.
Transparencia Internacional señala que es necesario terminar con la impunidad de los corruptos, determinar con precisión de dónde proviene el dinero que financia a los partidos, y suprimir el clientelismo, para que la corrupción se controle.
Si queremos tener menos corrupción, es imprescindible que seamos más activos y exigentes.