Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
El programa de ahorro de combustibles dispuesto por el Presidente Leonel Fernández, para mitigar el irrefrenable incremento de los carburantes, pone a prueba al propio gobierno que, al centralizar las medidas en el reordenamiento del transporte, tendrá que demostrar eficiencia en el control de un sector que ha sido históricamente indomable.
Las medidas del Mandatario, anunciadas en un momento en el que el barril del petróleo se cotiza a US$64.0, establecen no solamente que los autobuses y carros del concho tengan circulación interdiaria, sino también la creación de una entidad que organice el servicio de transporte, aunque se desconoce si tendrá las mismas atribuciones de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
La flotilla del transporte público está compuesta por 22,000 unidades, de las cuales 16,000 corresponden a carros públicos.
Por lo pronto, los sindicatos se oponen a que la decisión de programar el servicio se extienda hasta los autobuses que cubren las rutas interurbanas, porque supuestamente afecta su rentabilidad.
Esa sería la primera piedra de choque con las autoridades, en el contexto de este plan de austeridad que persigue disminuir la fuga de combustibles en un sector que, ha dado pocas muestras de eficiencia, pese a haber recibido millonarios subsidios para la renovación de las flotillas.
Con el último intento, conocido como el Plan Renove, en el 2001 el Estado hizo préstamos ascendentes a US$158,809,66., para comprar más de 5,648 vehículos, que por la supuesta forma irregular en que se distribuyeron, varios funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía están sometidos a la justicia.
En su mensaje a la nación, difundido el domingo 11 de septiembre, el Presidente reconoció que el sector transporte requiere de profundos cambios, para operar de manera eficiente.
POCA PLANIFICACION
El programa restrictivo, que incluye un horario específico para la venta de carburantes, de paso desnuda la baja calificación de los gobiernos en materia de planificación, o la negligencia con que se han aplicado algunas iniciativas debido a la falta de continuidad de las políticas de Estado.
En ese caso se puede citar como ejemplo la simple reposición de los carriles expresos (como anunció el Presidente), creados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) en 1997 para agilizar el tránsito en las principales vías de Santo Domingo, posteriormente desestimados por la presión de los choferes.
En materia de consumo de combustibles hace 23 años que el Instituto Dominicano de Tecnología (INDOTEC), que ahora se llama Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), determinó que ante el incremento del petróleo (que se vendió en 1979 a US$18.0 el barril) al país le convenía utilizar alcohol (de caña) como carburante.
Con la propuesta se pretendía reducir en un 10% el consumo de gasolina, lo cual implicaba ahorros de divisas por encima de los cinco millones de dólares.
En el 2005, y con el apremio de un consumo diario de 150,000 barriles de petróleo, tanto la Secretaría de Industria y Comercio como la Comisión Nacional de Energía promueven el uso de combustibles como el etanol, que se produce con la caña de azúcar y que se puede mezclar con las gasolinas¼ pero todavía no hay un proyecto concreto.
De los 2,122,739 millones de vehículos registrados por la Dirección General de Impuestos Internos hasta diciembre del 2004, 543,334 corresponden a automóviles públicos y privados, 53,109 a autobuses, y 1,116,509 a motocicletas, cuya movilidad es evidentemente costosa para el Estado.
PARA DETENER EL BARRIL SIN FONDO
La decisión del gobierno de reducir el uso de combustibles tiene una base económica, pues hasta agosto del 2005 la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) compró mil doscientos dos millones de dólares para cumplir con la factura petrolera, equivalentes a un 35% de la demanda de esa moneda con relación al mismo período del 2004, según las declaraciones de Rafael Madariaga, vicepresidente de la entidad.
De acuerdo con Francisco Javier García, secretario de Industria y Comercio, si el barril del hidrocarburo se vendiese a US$80.0 el país gastaría de US$3,000 a US$3,500 millones anuales por concepto de la factura petrolera, con la suerte de que la prima del dólar no ha saltado la barrera del RDU$30.0 por US$1.0.
«Al ritmo que vamos podríamos estar consumiendo entre el 60% y el 70% de los ingresos en dólares que recibe el país por sus exportaciones».
El programa restrictivo anunciado por el Presidente Fernández, que incluye también la programación de la venta de carburantes, es una camisa de fuerza para una población acostumbrada al derroche, y que con la misma vehemencia se resiste a los controles, no importa su naturaleza.
Según el plan gubernamental las estaciones de gasolina venderán de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes, de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía los sábados, y los domingos permanecerán cerradas.
Otro reto que tiene el gobierno es demostrar que puede cumplir con la austeridad que le exige a la ciudadanía, en ese caso, restringir la circulación de automóviles oficiales los fines de semana, tal como está planificado.
Si el período de austeridad llegase a coincidir con las precampañas electorales, ante la proximidad de los comicios congresionales y municipales del 2006, las autoridades tienen también el desafío de de cumplir con ese compromiso sin que las tentaciones del poder lo debiliten.
EL PASADO VUELVE
En 1979, cuando los precios internacionales del petróleo ascendieron a UD$18.0 y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) propuso topes máximos de US$25.0, el fenecido expresidente Antonio Guzmán restringió las importaciones de carburantes, y controló la venta de los mismos en un esquema similar al establecido por el Presidente Fernández.
Además, dispuso la reducción de la circulación de los vehículos, los fines de semana, y aumentó el costo del peaje.
La medida duró solamente tres meses, de julio a octubre, e incluyó el aumento de los combustibles en no más de 80 centavos. El galón de gasolina se vendía a RD$1.95 y el gasoil a RD$0.86 centavos. Ese año, las erogaciones del gobierno para comprar petróleo ascendieron a US$300 millones.
