El presidente Danilo Medina echó atrás la designación de Van Troy Suazo como viceministro de la Juventud luego de que se conociera que este guarda prisión preventiva por violencia de género. Al ser cuestionado sobre el nombramiento, objeto de severas críticas, en horas de la mañana el mandatario se limitó a decir “yo no sabía”.
Momentos antes de la declaración, el mandatario emitió el decreto 81-18 que deroga el artículo 3 del 80-18 que designó a Suazo, quien espera en prisión un proceso judicial por supuestamente haber agredido a su esposa.
Resuelto el impasse de breve nombramiento, Medina juramentó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional a los designados en cargos de dirección el pasado lunes, con excepción del anterior director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, quien renunció a la posición de asesor para el sistema hospitalario del Poder Ejecutivo.
Otros designados con antecedentes: Boció y Martínez. Además de la situación de Van Troy, el presidente Danilo Medina designó mediante el decreto 79-18 al dirigente político Andrés Boció Fortuna como cónsul en Ansé-a-Pitre, a pesar de que en dos ocasiones ha estado envuelto en temas judiciales con acusaciones de tráfico ilegal de indocumentados.
Su primera cancelación se produjo en 2007 cuando tenía funciones consulares en Haití. Se le acusó de operar dos consulados clandestinos en los que se emitían visados dominicanos a haitianos sin la autorización de la Cancillería.
En 2014 volvió a ser designado en la posición pero destituido nueva vez tras ser apresado por el Ejército de República Dominicana cuando conducía una jeepeta con 15 haitianos indocumentados desde Comendador a Santo Domingo.
Al igual que con el caso de Boció, el presidente Medina designó como asesor en Desarrollo Territorial al exdirector del CEA, Enrique Martínez, cuya gestión fue investigada por el pago RD$70,687,500 entre noviembre y diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014, a Brigadas de Apoyo a Proyectos Agrícolas, por concepto de remuneración a personal con carácter transitorio o jornalero, sin aplicar controles que evidencien la labor de esas personas. Además en el 2004 estuvo en un proceso judicial junto al entonces administrador de la Lotería José Francisco Peña Tavárez y su padre José Francisco Peña Guaba por una deuda de 600 millones de pesos con la Federación Nacional de Bancas de Lotería.
En el 2010 Adocco anunció que lo sometería a la justicia por haber incurrido en irregularidades, al disponer la entrega de juguetes a su esposa, la senadora por la provincia de la Romana Amarilis Santana, para actividades proselitistas.