RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ HIJO (2 de 2)
Estamos conscientes de los beneficios que producirán a corto, mediano y largo plazo los viajes al exterior del Presidente de la República, sin embargo, en ellos el mandatario debe escuchar propuestas de posibles inversionistas sin casarse con ninguno, por más bellas que sean las palabras a él expresadas.

Un riguroso estudio científico y pormenorizado de dichas propuestas debe anteceder y han de realizarse por instituciones calificadas tanto dentro como fuera del país. Antes de tomar una decisión de las ofertas, deben preceder los estudios y las conveniencias económicas del país.

La primera, que es la oficial, corresponde a la Secretaría de Estado de Medioambiente, cuyo titular ha demostrado idoneidad, capacidad y honestidad en las labores propias de su cargo, para quien pedimos mayor apoyo oficial.

La segunda, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, cuyos integrantes han demostrado tener las mismas virtudes del funcionario oficial antes citado.

Ambas han hecho estudios serios de impacto ambiental muy bien sustentados.

En consecuencia debe recurrirse a ellas cuando se trate de involucrar aspectos fundamentales de nuestro ecosistema.

El presidente Fernández ha expresado: “Hay que armonizar la protección al medioambiente con la posibilidad de desarrollo”. Yo interpreto esas palabras de manera que se podría desarrollar un proyecto turístico siempre que no se produzcan daños irreversibles al medioambiente. Después del crimen de lesa patria, o mejor aún, de lesa humanidad, de reformar la ley para empequeñecer las áreas protegidas, lo menos que se puede hacer es reducir los daños a su mínima expresión.

En nuestro país se acostumbra tomar muy a la ligera, muchas veces, los compromisos internacionales. Uno de ellos es el acuerdo con la UNESCO respecto a las áreas protegidas declaradas patrimonio mundial. Ese organismo internacional, dependiente de la ONU, advirtió que las autoridades dominicanas deben considerar cuidadosamente las razones que se tomaron en cuenta para que el Parque Nacional Jaragua fuera declarado como reserva mundial de la biosfera y señaló que dada esta categoría, la comunidad internacional debe tener una participación en cualquier intervención en ese patrimonio de la humanidad.

Esa afirmación la hizo el señor Herman Van Hooff, representante de la UNESCO para América Latina y el Caribe.

 Señaló que cuando un gobierno presenta un sitio para que sea incluido en la lista de patrimonio mundial, ya sea cultural, reserva de la biosfera o intangible, debe saber si la propuesta de desarrollo o intervención es compatible con esa designación.

También expresó que la declaratoria de reserva de la biosfera tiene que ver con la interacción del ser humano con la naturaleza de forma sustentable, por lo que cualquier obra en un área protegida hay que analizarla muy profundamente y hacer todos los estudios necesarios.

Este organismo es el responsable de otorgar la categoría de patrimonio de la biosfera de determinados ecosistemas que tienen un valor especial por acoger una amplia biodiversidad.

Además ha dicho el mismo funcionario internacional, que esa entidad aún no ha conocido ninguna propuesta de una posible intervención en el Parque Jaragua para la construcción de hoteles, como anunció el secretario de Turismo. Tampoco la conocía el secretario de Medioambiente, lo cual generó una polémica entre ambos funcionarios, que posteriormente se resolvió con un apretón de manos.

Estuvo muy bien el “shake hands”, pero lo importante y procedente sería respetar las instancias encargadas del área, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Según la ley, lo primero que deben hacer los interesados en hacer ese tipo de inversión, es presentarse en la Secretaría de Medioambiente y retirar los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental, algo que hasta el momento en que escribo estas líneas no ha sucedido.

Si después de haber agotado y observado el protocolo científico de todas esas instancias, se decide al final permitir las inversiones turísticas en Bahía de las Águilas, los potenciales inversionistas deben aportar todas las pruebas de que se va a proteger y conservar el medioambiente.

 Además debe exigírsele, con toda la autoridad que tiene un Gobierno soberano, que no coarten ni impidan el paso a quienes no estén hospedados en sus instalaciones, dentro de los sesenta metros de playa que son propiedad del Estado y por tanto públicas e inalienables. Propugnemos, pues, todos unidos, como una sola voz, por una sanidad ambiental que el mundo siempre agradecerá.