Hoy 
POR ODALIS MEJIA
La Secretaría de Medio Ambiente deploró ayer que el tribunal colegiado de San Francisco de Macorís ni siquiera impusiera multas a los acusados de introducir el rockash al país y por depositarlo en las costas de Samaná y Monte Cristi. Conforme a la institución, la decisión judicial implica que los ciudadanos tendrán que pagar con impuestos el costo de la limpieza de la basura industrial, que se estima en US$1.0 millón, depositada en la costa de Arroyo Barril, Samaná, y en la de Manzanillo, Monte Cristi.
Sostuvo que para solucionar el problema de dispersión del material en el aire y hacia el mar, el gobierno se verá forzado a asumir mediante un fondo especial los RD$3.50 por metro cúbico por kilómetro que cobrará la empresa que ganó la licitación pública que recoge y traslada el rockash desde Samaná hasta la cementera Cemex, de San Pedro de Macorís, donde es convertido en klinquer.
En la audiencia, la parte civil representada por el Ministerio Público, basó su acusación en la supuesta violación a más de 30 artículos de la Ley 64-00, principalmente al que prohibe verter basura de cualquier índole sobre las playas (153).
También a los ex funcionarios René Ledesma y Arsenio Borges se les acusa de violar la ley de permisología, la Convención de Basilea de 1989 y la Ley 218-84 sobre vertidos de desechos, que prohiben la importación de este tipo de material al país sin un previo estudio de impacto ambiental. El Ministerio Público criticó que, sin embargo, la decisión de las juezas Saturnina Rojas, Wendy Valdez e Indira Paulino, se basó en que no se pudo comprobar que el rockash fuera basura, lodo cloacal o desecho contaminante, lo que a su juicio ignora el hecho de que el material es la ceniza residual de la combustión de la planta termoeléctrica de AES en Guayama, Puerto Rico.
De manera sorprendente los acusados fueron descargados en una decisión que dejó sin efecto las medidas de coerción establecidas en las audiencias preliminares, sin que establecieran ningún tipo de multas, sostuvo la Secretaría de Medio Ambiente. El Ministerio Público pidió al tribunal que multara con RD$100 millones a Ledesma y con RD$25 millones a Borges, para que el costo de reparación del daño no fuera asumido por los afectados.
