Medio Ambiente desmantela otra grancera en el río Nizao

Medio Ambiente desmantela otra grancera en el río Nizao

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) continuó desmantelando las granceras que se encuentran en la franja de los 150 metros del cauce de  los ríos. Ayer  tocó el turno a la empresa  Agregados y Consolidados, ubicada a orillas del río Nizao en la comunidad Semana Santa, San Cristóbal, cuyas instalaciones son propiedad de George Nader, pero estaban rentadas.

Aunque la empresa tenía cerca de ocho meses paralizada por las autoridades, aún no había retirado sus maquinarias, algunas de las cuales se encontraban dentro del lecho del río Nizao.

Alrededor de 100,000 metros cúbico de agregados crudos y procesados tenía acopiado la grancera.

El subsecretario de Suelos y Aguas, Manuel Serrano y el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental, coronel Francisco Santos, dirigieron el operativo de desmonte que inició  temprano en  la mañana y tardó más de tres horas.

A la llegada de las autoridades,  empleados de la grancera ya habían iniciado el desmonte de toda la infraestructura de la industria que operaba muy cerca del río.

Serrano dijo que el material acopiado no es  preocupación de las autoridades porque lo más importante es que no se siga operando en la zona.

Desde la pasada  semana, las autoridades han desmantelando tres granceras en Nizao y La Vega, mientras, cinco empresas habían desmontado por cuenta propia sus maquinarias.

Más allá.   Serrano advirtió que los desmontes seguirán a todas aquellas granceras que violen la resolución 16-07, aunque no hayan sido señaladas por las autoridades.

Declaró además que los cierres se han extendido más  allá de los procesos de extracción, ya que algunas empresas estaban generando contaminación por vertido de residuos de aceites y otros.

Citó el cierre  de  empresas de asfaltado instaladas en  los ríos Camú y Yuna porque  generaban procesos de deterioro de los ecosistemas ribereños por la contaminación.

¿Resolución incompleta?

En sus cuatros dispositivos la resolución 16-07 emitida   el 10 de agosto del 2007 por Max Puig, entonces titular de Medio Ambiente, no expresa el segundo paso, una vez cerrados los procesos de extracción comprendidos en la franja de los 150 metros del cauce y orilla de los ríos.  

Es decir, no específica los programas de recuperación del pasivo ambiental dejado por las granceras. Aunque si bien es cierto estos aspectos están contenidos en la  ley ambiental.

Lenta recuperación.  De acuerdo a Serrano ejecutada ya la acción de desalojo ahora se procederá a inventariar los daños de las explotaciones, a fin de resarcir el pasivo ambiental.

Dijo que se ejecutará un plan de reforestación en la zonas dañadas, aunque señaló que el proceso de recuperación es muy lento, por lo que tardará muchos años.

Rechaza extrajeran material del río

Rafael Genaro Plasencia, administrador de la empresa, afirmó que aún no habían desmantelado las máquinas, ocho meses después de que cerrado el plazo otorgado por la resolución,  porque esperaban una autorización para procesar los cerca de 100,000 metros cúbicos de agregados que tenían acopiado.

Asimismo, rechazó que extrajeran material desde el río, ya que sólo compraban a terceros para luego triturarlo.  Sin embargo, todavía ayer  estaban en pie grandes máquinas  moledoras  dentro del río.

Plasencia informó que la persona que tenía rentada el lugar, a quien no quiso identificar, llevaba sólo un año y ocho meses operando allí, por lo que no descartó que anterior a ese tiempo se sacara material desde el río.

Plasencia y otros empleados no mostraron ninguna resistencia al desalojo de las autoridades, por el contrario estuvieron muy colaboradores e incluso tuvieron que auxiliar en más de una ocasión el “bulldozer” rentado por Medio Ambiente, el cual sufrió varios fallos.

Antes de llegar las autoridades se habían desmantelado varios equipos, incluyendo la planta eléctrica, cuyos residuos de aceite y combustibles eran derramados en el subsuelo.

Según Plasencia en la grancera trabajaban 45 empleados y  además del material que había acopiado, existían equipos valorados en RD$150 millones. Dijo que aunque no habían identificado donde llevar los agregados, tenía la instrucción de desmontar las instalaciones.

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