LA VEGA.- La  Secretaría de Medio Ambiente desmanteló la empresa de agregados “Agregados  y Equipos Camú”,  después de que supuestamente su propietario no acatara  la orden de mudanza.

El desmantelamiento se produjo en medio  de  una manifestación de “rechazo” por los más de 70 obreros, que  laboran  en dicha empresa.

El Susecretario de Medio Ambiente Manuel Serrano se presentó al lugar con la orden, asegurando que “la secretaria  ha decidido ser rigurosa en  la reglamentación al respeto de los márgenes de los ríos y  como ustedes  podrán ver, aquí   se esta realizando una actividad que es  totalmente  nociva para el  río Camú y por tanto hemos decidido desmantelar  esta instalación que afecta todas las   actividades de este río”.

Manifestó que este proceso llegó a este estado porque su propietario se  negó a acatar la orden como lo  hicieron otras granceras de La Vega que se mudaron.

Por su  parte el ingeniero Fernando Fernández Fernández,  propietario de la  fábrica, aseguró que  la acción es un atropello a  la libertad de  trabajo,  porque consideró que no está  violando ninguna ley.

“La ley  dice que son  30 metros de la ribera de los ríos  y la resolución en la que ellos se están basando es para  instalaciones  que traen  materiales del cauce de los ríos y aquí en La Vega  ninguna empresa ha sacado ningún  material de los ríos”, dijo.

Y agregó: “Yo creo que cuando Trujilo se respetaba más,  Trujillo hablaba con la gente  y luego se  tomaba una medida, conmigo nadie ha  hablado, a mí me llegó una notificación  dando un  plazo de  tres días,  pero que en tres días no  se puede  hacer nada”, comentó.

Fernández  añadió que aún  así, él   dijo como una forma   de  obtemperar al pedido, que  él    estaba  en disposición de  mudarse pero que le dieran  hasta enero “porque había que  hacer uno arreglos con  el personal y buscar  el terreno donde  ubicarse, a lo que  los  técnicos de la secretaría se negaron”.

Dijo que desde el año  1976, cuando  fundó esta empresa, ningún  funcionario  lo había molestado, y nunca  había tenido problema,  hasta el sábado que fue cuando  recibió la notificación dándole un plazo de  tres  horas.

Protesta

Al momento de  hacer efectivo el desmantelamiento, los empleados lanzaban consignas de rechazo al  hecho y consideraron que es una acción que dice mucho del respeto que  le  habían  profesado al Presidente Fernández, el cual consideraban un  hombre de diálogo.  José Gerardo Morel,  quien tiene  25 años  trabajando dijo: “Claro que es una violación porque no hay nada  ilegal. Hemos trabajado con permiso de Medio Ambiente  y con  material de  Minas. ¿Por qué  quieren dejarnos  sin el sustento para mis  hijos? Aquí somos 70 empleados que se quedaran sin pan”.