POR MANASÉS SEPÚLVEDA
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, dijo ayer que esa cartera usará la facultad reglamentaria que le corresponde para evitar la aplicación de los graves errores técnicos que tiene la Ley Sectorial de Áreas Protegidas a la que calificó como «adefesio jurídico» y contraria al interés nacional.

El funcionario también dijo que la secretaría de Medio Ambiente elaborará un nuevo proyecto de ley, acorde con el interés nacional.

«Creemos que la ley tal como fue formulada abre la puerta a muchas exacciones y desde ese punto de vista la ley constituye un crimen y la secretaría de Estado de Medio Ambiente no puede estar de lado del crimen. Esa ley atenta contra el interés nacional y ese interés debe estar por encima de todos», dijo Puig en rueda de prensa ayer en la mañana.

Advirtió que la secretaría de Medio Ambiente tiene un poder reglamentario que corresponde al Estado y que no se delega porque es un mandato legal.

«Como la ley presenta tantas deficiencias y es contraria a múltiples acuerdos internacionales y la República Dominicana, para no ser sancionada, debe tener una verdadera ley de áreas protegidas y la ley aprobada lo único que hace es cambiar los límites de las áreas protegidas, es un adefesio jurídico», explicó.

Dijo que la ley tiene muchas contradicciones y contrasentidos que la hacen inaplicables y que hay muchos poblados enteros que deberían ser destruidos si se aplican porque han sido declarados lugares de protección estricta desde Punta Cana hasta Cabo Engaño.

Señaló que hay personas que piensan que pueden hacer de todo y establecer instalaciones hoteleras o de otra índole de manera incontrolada en las áreas frágiles.

Señaló que en el Parque del Este están las principales barreras coralinas y precisamente por eso ahí está el principal lugar de pesca junto a la isla Beata, en Barahona.

Dijo que la semana pasada visitó al país un grupo de expertos en reconstitución de corales, ecosistemas que toman siglos para formarse y que desarrollan la población piscícola, además de que protegen las playas.

«Los arrecifes coralinos en República Dominicana han sido bastante afectados por el mal desarrollo de la actividad turística y estos especialistas han venido a trabajar para la posible reconstrucción de los arrecifes coralinos», dijo.

En el siglo XIX, dijo, malos dominicanos pretendieron enajenar la bahía de Samaná por un «plato de lentejas».

«De ninguna manera vamos a permitir que nuestro nombre quede asociado a acciones que contribuyan a la destrucción de la nación. La decisión de la Suprema Corte de Justicia contradice el propósito de la Nación de luchar por disminuir la pobreza», dijo.

Señaló que esa ley atenta contra el propósito de la sociedad dominicana de lograr un desarrollo sostenible y es un atentado al turismo que debe ser sostenible. «En la misma medida en que se degraden los recursos en base a los cuales se desarrolla la actividad turística en esa misma medida el turismo desaparece,» dijo.

La República Dominicana, dijo, es un país muy rico, las áreas protegidas forman parte de esa riqueza y su reducción y exponerlas a la destrucción empobrece a la nación dominicana

CASO ROCKASH

En otro orden, Puig dijo que hasta ayer las empresas que importaron el «rock ash» no habían cumplido con las sanciones administrativas que le fueron impuestas así como al funcionario responsable de la gestión anterior por lo que se la aplicarán medidas adicionales.

«Se les aplicó una multa tanto a las dos empresas en la persona de su presidente como a un ex funcionario de la secretaría de Estado de Medio Ambiente que fue quien en el ejercicio de sus funciones autorizó de manera irregular la introducción de rock ash al país. Ni las empresas ni el ex funcionario han acatado la disposición hasta ahora y por esa razón la secretaría va a tomar medidas adicionales para que esa disposición sea cumplida» dijo.

Explicó que desde el punto de vista administrativo, la secretaría de Estado de Medio Ambiente dictó una resolución donde se ordenó a las dos empresas que trajeron el rock ash sacarlo del país y la rehabilitación del lugar. «En ambos casos los gastos deben correr a cargo de las personas implicadas y aparte de eso las medidas deben ser supervisadas por la Secretaría de Medio Ambiente.»

Las medidas que se están tomando desde el ámbito del Estado, dijo, tanto de la Procuraduría de Medio Ambiente o de la secretaría garantizan que el material va a ser sacado del país

Por otra parte dijo que la destrucción de los ríos tiene dos grandes causas motoras que son por un lado la situación de precariedad económica de los ciudadanos y por otro la codicia y el irrespeto a la ley de sectores que procuran tener beneficios más allá de lo que la ética y la ley permiten.

Destacó que se han formado coaliciones en diversas regiones del país formadas por las mismas comunidades para la protección de los ríos como es el caso del río Haina.

«Estamos haciendo un llamado importante a todos los sectores del país para que constituyamos coaliciones para la defensa de nuestros bosques y ríos», dijo.

Expresó que se establecerán coaliciones para la defensa de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Higuamo, Camú y otros