Durante los últimos siete meses, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sometido a la justicia y sancionado a 475 personas acusadas de cometer diversos delitos ambientales en el país como parte de la visión de la nueva gestión que encabeza el ministro, Orlando Jorge Mera de cumplir y hacer cumplir la Ley 64-00.

La mayoría de los sometimientos y sanciones administrativas han sido realizados por delitos de desmontes de árboles de las diferentes especies, extracción de materiales de las cuencas de los ríos e incendios forestales, superando estos ilícitos los 242 casos.

También se han sometido casos de violaciones de permisos o permisos vencidos, contaminación de ríos por vertido de desechos, pesca ilegal, así como por hornos de carbón, contaminación por ruido, contaminación de playa, remoción de la capa de suelos con equipos pesados, comercialización ilegal de especies y contaminación por desechos sólidos.

Además de estas infracciones, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), reportó un total de 30 casos, los cuales han sido sometidos por violación a la Ley 64-00, en diferentes provincias del país.

“Como administradores temporales de la Ley 64-00 continuaremos sometiendo a la justicia y sancionando a todo el que cometa ilícitos contra nuestro medio ambiente”, reiteró el ministro Jorge Mera, quien explicó que cada actuación de este Ministerio ha estado apegada al debido proceso.

En ese sentido, los sometimientos se han realizado ante la Procuraduría Especializada de Defensa para el Medio Ambiente que es la instancia responsable de presentar los casos en los distintos tribunales del país.

“Nuestras áreas correspondientes se mantienen aunando esfuerzos para prevenir estos delitos, pero una vez evidenciado los casos, estamos procediendo a instrumentar expedientes para obtener las respectivas sanciones legales”, afirmó Edilio Florián, director Legal de Medio Ambiente.

Florián concluyó que uno de los principales pedidos que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente ante los jueces es que quien afecte un área cargue con los costos de la remediación del año causado.