En los años 70 se inició un proceso de cambios institucionales y tecnológicos en el sector agropecuario, gracias a que un nutrido grupo de técnicos graduados en el exterior se incorporó a la Secretaría de Estado de Agricultura.

Tuve el privilegio de pertenecer a ese exclusivo grupo de profesionales en momentos en que la situación política no era nada favorable para los ex revolucionarios o izquierdistas.

Pero en adición a ese equipo técnico, se contó también con un fuerte financiamiento del BID, el Banco Mundial y USAID, que permitieron mejorar considerablemente los servicios de extensión, investigación y sanidad agropecuaria, entre otras áreas no menos importantes. Igualmente, se introdujeron cambios en el ámbito institucional para hacer de la SEA una estructura ágil y eficiente en sus servicios al productor.

Sin embargo, existía una Subsecretaría de Recursos Naturales, que a veces tenía conflictos con otras subsecretarías, que se interesaban más en fomentar la producción que proteger el medio ambiente. 

Con la habichuela, esa confrontación era habitual cuando se trataba de proteger zonas no aptas para este cultivo, donde siempre se imponía la siembra masiva y subsidiada.

Pero también existía la Dirección General de Foresta, ente autónomo que siempre dirigía un general, cuyo propósito se centraba en retener camiones cargados de madera cortada ilegalmente.

A final de cuentas, por cada camión de madera retenido pasaban 20, lo que se convirtió en un gran negocio. Foresta era una institución débil, desorganizada y corrupta. 

Por esa razón, el equipo técnico al que hicimos referencia, abogaba para que se creara una nueva institución autónoma que agrupara todo lo que tenía que ver con el medio ambiente y los recursos naturales. Llegamos inclusive a preparar un proyecto de ley con este propósito, que tuvo en su época muchos opositores. 

No fue hasta el 18 agosto del año 2000 (35 años después) cuando ese sueño se hizo realidad con la promulgación de la Ley número 64-00 sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, donde se crea la Secretaría del mismo nombre.

¿Ha sido exitosa esta disposición después de 10 años? No lo parece y es que resulta difícil que en un país donde la institucionalidad se violenta y se prostituye, que una sola institución sea la excepción.

Sin embargo, eso no quiere decir que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se convierta en un obstáculo al desarrollo del país. Una cosa es que no funcione a cabalidad o tenga limitaciones de recursos para cumplir su tarea y otra que reprima la inversión privada o especule con ella.

No es posible que importantes proyectos turísticos, industriales y de infraestructura tengan que esperar más de un año para conseguir un permiso ambiental que lo hagan viable. Mientras que los controversiales proyectos mineros pasan sin problemas.

Peor aún es que se paralicen proyectos en su fase final dizque porque no tienen sus permisos correspondientes, cuando esto puede resolverse con facilidad.

Mientras tanto, poco se hace para erradicar la extracción abusiva de materiales en la ribera de los ríos o la tala indiscriminada de bosques.

No tengo dudas de que Jaime David Fernández puede y tiene la intención de realizar un buen trabajo al frente de su Ministerio, pero tiene que cambiar urgentemente su estrategia.

Al país le urge la inversión externa e interna por lo que se deben aplicar procedimientos ágiles para procesar la documentación que presentan estos proyectos con fines de cumplir sus requisitos ambientales. 

¿Y qué paso con la ventanilla única y los tres meses de plazo para conseguir los permisos? Aplíquenla, que es una buena disposición.