«Por todas partes se advierten indicios de que la naturaleza protesta cuando se le viola y no se le ama. Si esto sigue adelante, la víctima puede morir de amargura e indignación, y con ella todos aquellos a quienes alimenta». Peter Tompkins.

Con gran amargura y pesar estamos convenciéndonos de que esta sociedad involutiva no ha tocado fondo. Creíamos que habíamos llegado a las entrañas del lodo y que podíamos comenzar a pensar que ya se vislumbraba un ascenso, mediato o inmediato a los aires puros del progreso, del desarrollo y de la felicidad. Craso error. Toda esta actividad soñadora no ha sido más que una actividad ilusoria en el mundo de las ideas y de los sueños del optimismo y del idealismo que mantenemos en nuestro espíritu.

El 20 de agosto del 2002 el Presidente de la Republica envió al Congreso Nacional el «Proyecto de Ley Sectorial de ╡reas Protegidas», que fue preparado tras un largo proceso de estudios, consultas públicas, trabajos tanto de campo como de oficina y concertación comunitaria con los diferentes estamentos de las áreas mas afectadas en caso de modificar la actual legislación.

Ese proyecto de ley fue redactado por una Comisión Ejecutiva Especial después de más de un año y medio de trabajos, tanto de técnicos del gobierno como de representantes de las comunidades envueltas, es decir, de las «comunidades dolientes de manera directa». A pesar de las controversias y las polémicas en torno a los linderos de las áreas protegidas se había logrado un consenso total en este sentido. Sin ningún tipo de rigor científico o justificación, dicho proyecto de ley fue objeto de modificación y posterior aprobación, contraviniendo de modo lacerante y aberrante lo que ya se había consensuado y lo que ya se daba por finiquitado.

En cinco cortos días los miembros de la cámara alta redujeron la extensión territorial de de los Parques Nacionales «Del Este» y Jaragua», entre otros, sin agotar el tiempo y el aval científico necesarios, con el agravante de que no se realizaron ningún tipo de vistas públicas como lo demandamos todos los dominicanos que sufriremos de estas injustas privaciones ecológicas. Es sumamente importante señalar que el Parque Jaragua fue declarado «Reserva de Biosfera del Planeta» por la UNESCO, organismo internacional perteneciente a las Naciones Unidas, de la cual la República Dominicana es signataria y por tanto compromisaria. Si las personas que han aprobado ese agravio al medioambiente dominicano no saben lo que significa eso, que comiencen a comprender que ese desastre va a afectar a todo el planeta de la misma forma en que el hueco de la capa de ozono nos afecta a todos por igual. Y que también comprendan que están violando un compromiso internacional, cuya violación conllevaría, eventualmente, ser objeto de conocimiento por la Corte Internacional de Justicia de La Haya u otro tribunal internacional.

Estos parques nacionales constituyen reservas naturales y culturales que estamos obligados a legar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos nuestros descendientes.

Ayer, se demostró una vez más el alcance del poderoso caballero Don Dinero. Sospechamos que la aprobación al vapor del proyecto de marras en la Cámara de Diputados se debió a la visita del hombre del maletín tan agradable para quienes la reciben pero tan odiada por quienes son los verdaderos dueños del poder que ellos representan y los que a la postre son los más conscientes del problema. De ser aprobada en una segunda lectura, todos los miembros del Congreso Nacional podrían ser condenados por sus propios vástagos de haber participado en un crimen de lesa humanidad. Esta es otra faceta del neoliberalismo, la cual propugna por una mayor privatización de los servicios públicos. En este caso ya se llegaría al colmo de despojar al Estado de sus derechos y poner los recursos naturales en manos privadas, y peor aún, en manos de extranjeros.

Nos gustaría preguntar a esos intrusos que se disponen a construir grandes resorts en las áreas protegidas si ellos se atreverían a hacer lo mismo en sus países de origen.

Parece ser que además de los legisladores, existen otras personas que atentan contra nuestro medio ambiente y nuestro sistema ecológico. Hace algunas semanas cuando nos disponíamos a visitar el Tribunal de Tierras, hubimos de cruzar la avenida Jiménez Moya, y, para nuestro asombro, debimos sufrir el castigo de los peligrosos rayos solares que nos penetraban hasta las neuronas más ocultas de nuestro cerebro. El señor síndico de la capital se atrevió a quitarle la vida a una serie de frondosos y bellos árboles de caoba que adornaban esa avenida para sembrar palmas, cuyos exorbitantes precios solo pueden ser un lujo de instituciones que disponen de mucho dinero. Entonces, se deshacen de lo bello y necesario para colocar palmas que solo nos recuerdan al Partido Dominicano de Trujillo y las cuales, de protectoras al medio ambiente no tienen nada, ¿Alguien nos lo puede explicar? Como borregos de una manada, la administración del Banco de Reservas dispuso la misma medida en todo el frente de la nueva sucursal de esa entidad bancaria en la mencionada avenida.

En ese mismo orden de ideas cabe señalar el caso de la instalación de una potente planta eléctrica en el edificio Acrópolis, la cual, perjudicaría de manera directa a los vecinos y de manera indirecta a toda la ciudad de Santo Domingo. El permiso correspondiente fue negado por el Sindico anterior, pero, para sorpresa de todos fue nuevamente colocado en la agenda de la sala capitular por el actual incumbente. ¿Qué razón tan poderosa movió al Síndico de la capital a desconocer lo que ya estaba claramente establecido en la pasada administración? Todos nos imaginamos cual fue la razón.

Al rock ash no vale la pena ni mencionarlo, pues a pesar de las demostraciones que han hecho tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias, estableciendo lo dañino del material, incluidas las sustancias cancerígenas que contiene, nuestras autoridades nos han condenado a tragarnos la basura que ha producido un vecino nuestro ya que ellos no pueden quedarse con ella y necesitan un vertedero.

Las autoridades públicas para tapar un atentado al ecosistema pagaron nuevos estudios en el exterior, aunque esos embarques constituyan una violación de la ley 64 00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Ley 218.

En conclusión, podemos afirmar que el beneficio económico que dejan todos estos atentados al sistema ecológico dominicano es más importante y valioso que la preservación y sanidad de nuestro medioambiente.

En cuanto a los diputados, esperamos usen su buen juicio en bien de todos. Que sepan que el dinero se va, pero lo otro queda. De lo contrario, que Dios se apiade de nosotros y nos agarre confesados. Amén.