Medios sin protocolo en casos agresiones contra periodistas

Medios sin protocolo en casos agresiones contra periodistas

Apenas el 31.6% de 95 medios de comunicación de América Latina y el Caribe cuenta con un protocolo para tratar los casos de violencia de género en sus redacciones, el 56.8% de ellos no tiene ningún procedimiento para actuar cuando las periodistas son atacadas y en el 11.6% restante los periodistas ni siquiera saben si existe o no algún mecanismo de actuación.

Estas cifras están contenidas en el estudio “Medios sin violencia. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, tras la recopilación de 108 entrevistas realizadas durante cuatro meses a los integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentra la República Dominicana.

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Según los datos arrojados, el 75% de las personas consultadas afirmó conocer al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. Se confirmaron 96 caso de violencia.

El 47.9% de esas agresiones ocurrió en el espacio físico principal de trabajo (redacciones, estudios, oficinas u otros lugares del edificio laboral); 27.1%, en ámbito digital (redes sociales y plataformas de medios digitales) y el 9.4% en coberturas, viajes, actividades y reuniones fuera del lugar de trabajo.

Asimismo, el estudio señaló que el 65.6% de los casos correspondió a maltratos psicológicos y verbales, el 28.1% a acoso sexual, el 20.8% a violencia en línea como hackeo de cuentas o suplantación de identidad, el 12.5% a violencia física, el 5.2% a violencia económica y el 4.2%, a persecución política o abuso de poder.

Mayoría queda impune

Acerca de los relatos de violencia recopilados, el estudio reveló que solo el 28% de los casos fueron denunciados, mientras que el resto de víctimas prefirió guardar silencio por temor, pues en el 41.5% de los casos hubo consecuencias severas contra quienes denunciaron: fueron despedidas, amenazadas, se les quitó trabajo y/o se les pidió la renuncia.

En torno a las denuncias realizadas, el 54.5% de los agresores offline no fue sancionado. Aunque hubo diversas razones para la impunidad, en el 48.7% de los caso se debió a que las agresiones provinieron de quienes ocupan cargos jerárquicos altos o medios.

El 27% de las agresiones en la vida real fueron cometidas por colegas del mismo rango laboral que las personas agredidas, el 15.4% por personas de ámbitos externos a los medios en que trabajan las personas encuestadas y el 3.8% restante por otros, entre ellos, personas de una posición de un nivel jerárquico más bajo (operador, redactor) que el de la mujer agredida (jefa).

Respeto a las agresiones en línea, el 31.5% provino del sector gubernamental y político, el 22.2% pertenece al propio medio periodístico, el 14.8% de los sectores antigénero y el 9.3% de las agresiones involucra a varios sectores a la vez, entre los que se destacan funcionarios, políticos, referentes antigénero y/o del ámbito religioso y empresarios que reaccionan en respuesta a investigaciones periodísticas especiales sobre temas políticos, campañas electorales y de manejo de información.

Prevención escasa

En cuanto al método de prevención de la violencia de género, las personas entrevistadas resaltaron que la labor hecha por las empresas para abordar la problemática es escasa, pues el 38% de los encuestados afirmó que no se realizan campañas al respecto; mientras que, donde si se realizan, la opinión mayoritaria es que son malas (14%) o regulares (24%), dejando entrever un entorno en el que la violencia de género es reconocida, pero no abordada adecuadamente.

Recomendaciones

La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad propuso, a través del informe, la creación de un protocolo que garantice a la persona agredida, asesoramiento y acompañamiento gratuito, confidencialidad, privacidad y celeridad en la resolución del caso. Asimismo, resaltó la importancia de una intervención clara, rápida e imparcial en todo el proceso, promoviendo la conservación del puesto de trabajo y protección de la persona agredida.