El presidente Hipólito Mejía discrepó ayer con las opiniones del párroco de Jimaní, Ramón de la Cruz, sobre la forma en que se hace la reconstrucción de ese poblado que fue devastado por la crecida del río Blanco el pasado 24 de mayo.

Durante una reunión en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y en el que se rindieron cuentas sobres las actividades que se han realizado en la provincia Independencia, el padre De la Cruz reiteró que no había recibido «ni un solo centavo» del CNE, frente al presidente Mejía y el vicealmirante Radhamés Lora Salcedo, así como los demás miembros de la comisión y el presidente del Senado, Jesús Vásquez.

El párroco afirmó, además, que esperaba que las casas, unas 300 en total, de tablas y de zinc y otras prefabricadas, serían provisionales, ya que la población, según expresó, no estaba de acuerdo en vivir en las mismas, al menos que éstas fueran construidas en bloque, como definitivas.

«Cuando Lora Salcedo entró al almacén (en Jimaní) dijo que no se puede seguir construyendo casitas, para que tengamos desórdenes iguales. Las casas que se están construyendo son de madera y se nos había dicho que son provisionales y la aceptamos con esa condición», expresó el dignatario católico.

De la Cruz dijo que la población no acepta residir en esas casitas de madera, porque se ha dicho que son definitivas. «Yo he mantenido la posición, del presidente y de Lora Salcedo, de que son casitas provisionales».

Entonces intervino el Presidente Mejía para decir que no ha hablado de provisionalidad, sino que mandó a buscar las maderas para que se inicie la construcción de las casitas y ubicar a los damnificados.

El mandatario afirmó que otras doscientas viviendas prefabricadas estaban destinadas a otros pueblos, las que ordenó suspender y enviarlas a Jimaní. «Las ensambladas son las que están en Miami», aclaró.

Ante la intervención de Mejía, el padre De la Cruz afirmó que hacía la intervención porque había que aclarar las cosas, a lo que el mandatario dijo «no hay que aclarar nada, si la gente (en Jimaní) se quiere mudar para las casas que se muden, sino que no se muden».

El mandatario dijo que si esperan la construcción de casas de blocks, la población esperaría seis meses «aunque hagan el concurso».

«Nadie hace en este país, las 400,000 viviendas que hemos construido en el país, nadie», expresó el presidente Mejía, que aclaró que las mismas deben ser prefabricadas o de maderas y zinc.

Instó al párroco De la Cruz para que oriente a la gente «y nos dejemos de demagogia, que esas casitas son mejores del 90 por ciento de lo que hay en los barrios marginados en la capital».

El presidente Mejía dijo que visitaría la zona donde se construyen las casas, cuando las mismas estén terminadas e insistió con el padre De la Cruz para que dijera a la gente allí, «que se dejen de pruritos burgueses y de demagogia barata, que esas son mejores que las que tiene usted en el campo suyo y la que tenía yo en Gurabo».

Afirmó que no había prometido hoteles de cinco estrellas y afirmó que «los cuartos se han manejado con honradez y seriedad y se seguirán manejando».

Dijo que las casas son buenas, con cemento, agua, inodoro y energía solar.

A las declaraciones de De la Cruz, salió al frente, también, Juan Vargas, director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), quien defendió la construcción de las mismas y dijo que la negación de la población podría atribuírsele a la desorientación de los damnificados, por parte de los líderes de la comunidad.

A juicio de Vargas, los damnificados que actualmente están alojados en carpas, acogerían las viviendas, que en otros países como Miami, Estados Unidos, son usadas por ricos y pobres. Defendió la calidad de las viviendas y dijo que éstas eran seguras y estaban en un lugar, donde no podrían ser afectadas por otro desastre, debido a que «están más altas que la Fortaleza (del Ejército Nacional)».