El presidente Hipólito Mejía promulgó ayer la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, mediante la cual se le confiere independencia a esa institución y la autoriza a fiscalizar las cuentas y los bienes del Estado, así como para someter a la justicia a los servidores públicos que hagan uso indebido de los recursos.

La nueva ley crea el sistema nacional de control y auditoría que es el conjunto de procedimientos para el control de los recursos a través de la Cámara de Cuentas.

Establece que además de las instituciones públicas, la Ley tendrá jurisdicción en las entidades que reciban recursos del Estado, las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado parcialmente por aportes del gobierno, entre ellas las autónomas, personas físicas, jurídicas, públicas o privadas que administren recursos estatales.

Explica que cuando la institución fiscalizadora compruebe el perjuicio patrimonial e identifique responsabilidades sin necesidad de esperar el final de las investigaciones, procurará la restitución de los bienes o valores, ordenando, a la autoridad superior de la entidad adoptar las acciones de lugar.

La Ley de la Cámara de Cuentas establece que aunque un funcionario o empleado público haya cesado en sus funciones no constituye un obstáculo para que la entidad estatal pueda establecer responsabilidades civiles y para que las autoridades competentes ejerzan acciones de recuperación y resarcimiento del daño causado al patrimonio público.

El reglamento obliga a la Cámara de Cuentas a rendir informes de su gestión al Congreso Nacional y sus estados financieros deberán ser auditados por firmas seleccionadas por medio de concursos transparentes y públicos.