JULIO BREA FRANCO
Con la designación de la Junta Central Electoral se agotó un punto prioritario en la actual agenda institucional. El proceso se extendió por mes y medio, tal como el Senado había anunciado. Quizás hubiera sido más corto si no hubiese estallado la disidencia en la cúspide del partido oficial, que hace eco en el ámbito congresional y, claro, por la reunión aquella proyectada entre el Presidente de la República y los dirigentes de los principales partidos con el propósito de buscar un acuerdo a la usanza tradicional. De todos modos, el agotado fue un tiempo prudente.

El proceso electivo -ha de reconocerse- que fue mucho más abierto que los dos inmediatamente anteriores. En esta oportunidad los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad evidenciaron aceptación del resultado. Salvo en el PRD, donde hubo ruido alrededor del cambio a última hora de uno de sus propuestos y, algunas otras insatisfacciones tanto por la repetición de uno de la planilla anterior (Rosario) y por una supuesta ausencia de virginidad partidaria como criterio de selección.

En 1998, se recuerda la recia oposición que despertó en Balaguer y Fernández la JCE entonces escogida y en el 2002 se dió el rechazo a Morel para que no siguiera en la presidencia que conllevó la modificación aquella que dió lugar a la creación de dos cámaras en su interior, y el debilitamiento de las funciones del presidente transformado en un mero comunicador institucional y, ahora, en piropero político. Algo muy positivo, de la experiencia del 2006 resultó no haber incrementado el número de integrantes para profundizar la muchedumbre actual que dirige la institución utilizada como herramienta de acomodo partidario.

Las notas singulares en la reciente experiencia resaltan por lo menos dos aspectos. El primero: la disponibilidad del Senado para recibir propuestas de candidatos -que alcanzaron la cantidad de 350- y segundo, su disposición a examinar los expedientes, llevar a cabo entrevistas, realizar una preselección, arribar a las propuestas finales y de ahí a la designación. Al menos ese fue el proceder visible. En el 2002, cuando también fluyeron propuestas directas, ni se tomaron en consideración ni se ponderaron los candidatos de manera pública.

Es importante advertir que la última designación se realizó con la misma normativa constitucional y legal que ha regido desde 1962, salvo el aumento en el número de miembros y la redistribución de las funciones internamente, a la que se aludió. El órgano fue el mismo -el Senado- sin seguir sin ninguna disposición especial. Si el entramado normativo sigue siendo el mismo pero el resultado diferente, se puede cómodamente concluir que primaron factores coyunturales. Que el asunto sigue intacto, que no hay avance institucional: al no cambiar las reglas, nadie puede asegurar que no vuelvan a repetirse las experiencias malas del pasado. La asignatura sigue pendiente, cuando menos por el momento. Y si nada se hace, no se podrá aprovechar los aspectos positivos de la experiencia

El mecanismo de elección, tal como está diseñado, favorece al Poder Ejecutivo. Antes mucho más que ahora. Quien logra la Presidencia de la República se asegura el control, para su partido o para su grupo, del Senado. Y es el Senado quien hace la designación de la Junta. Como éste se integra por miembros sobre la base de circunscripciones uninominales (provincias) y mayoría relativa (gana el que más votos logre), los resultados desde 1962 al 2006 demuestran ese patrón. Ahora con las elecciones separadas se matiza al entrar en escena dos humores distintos, en tiempos diferentes, del electorado. Pero aun así se reproduce. Antes era mucho más el poder de control pues a la cámara alta le competía también elegir los jueces. Ganar la Presidencia conllevaba también el control del Poder Judicial.

Si hay mayoría segura y la elección de la JCE se hace por mayoría no calificada, el efecto es claro: ¿Para qué negociar y conceder? Balaguer controlaba con el mínimo, el PRD con los más que podía. El meollo está ahí: es un mecanismo que no empuja ni obliga a concertar. Dado que organizar, reglamentar, juzgar y arbitrar las elecciones es una actividad primordial, no únicamente han de ser los partidos los que deben participar.

Ni el Senado es el mejor órgano, ni el mecanismo es el adecuado. Si bien se han planteado varias opciones, la única razonable y efectiva luce estar en el ámbito de los órganos representativos: por razones de origen, por tradición, por teoría y por democracia.