Lejos de recibir estímulos, los exportadores de banano están siendo víctimas de un trato impropio, que afecta su competitividad comercial. El impuesto aduanal que pagan por verificación de cada furgón, que en el Gobierno pasado era de  400 pesos, en la actual administración les fue aumentado a 4 mil pesos, es decir un alza de 1000%. Y para colmo, los productores  han denunciado que el procedimiento de cobro de ese impuesto es poco transparente, pues se realiza con fotocopias del formulario original, sin membrete de la Dirección General de Aduanas, y quienes se niegan a pagar bajo ese método, les dejan los furgones sin verificar y el fruto se daña sin ser embarcado hacia el mercado de destino.

Estamos hablando de una manera absurda de tratar a un sector que cada año aporta más al PIB del país. Basta decir que para este año las proyecciones de exportación de banano, basadas en la productividad de las áreas sembradas, son nada menos que de 330,000 toneladas, según ha declarado el ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez. La penalización abusiva y el poco transparente procedimiento de cobro por verificación de furgones, amenazan con sacar del mercado a los productores más débiles. El Presidente Danilo Medina, que ha dado muestra de que quiere rescatar al sector agropecuario, debería ponerle caso a las denuncias de los productores de banano.

Embarazo en adolescentes

Nuestra tasa de embarazos de adolescentes es de 98 por  mil, lo que duplica la media mundial, que es de 49 por mil. Es un problema  grave por sus abundantes perjuicios  sociales, sanitarias  y económicas. La responsabilidad del Estado es enfrentarlo con programas de educación  sexual temprana independiente de criterios de orden religioso que objetan determinados métodos de prevención del embarazo.

Ayer, con motivo del Día Mundial de Población, el  Fondo de Población de las Naciones Unidas planteó la necesidad de que el Estado active p olíticas de prevención del embarazo precoz para atenuar los perjuicios que deja al país. Un embarazo precoz tiene efectos negativas en la salud de la adolescente y conduce a un abandono de la escolaridad y una atrofia en su proceso de formación para incorporarse a la vida productiva. El Estado tiene que asumir una actitud seria frente a este problema.