Ante el hallazgo de un cadáver el médico forense inicia su investigación indagando si se trata o no de un hecho criminal. Para ello elabora un algoritmo de trabajo cuyo primer nodo exige determinar si está frente a un fallecimiento natural o violento. Cuando no encontramos evidencia alguna de violencia física, química, ni biológica intencional o accidental concluimos con una muerte natural. Tal fue la dolorosa despedida del ingeniero Hamlet Hermann, quien murió súbitamente mientras conducía su vehículo. La autopsia mostró la rotura dentro del pecho de un aneurisma Disecante de la Arteria Aorta, provocando a su vez un enorme sangrado mortal alrededor del corazón.
Algo más complicado fue el suceso de una turista alemana, extraída sin vida de las aguas del mar Caribe. Para la gente común todo cadáver sacado del agua es sinónimo de ahogamiento; sin embargo, esta señora tenía una fuerte contusión en el ojo izquierdo, trauma en el costado derecho con rotura del hígado y señales de estrangulamiento manual.
Una vez que hemos demostrado que el fallecimiento es de estirpe violenta no intencional, caemos en el grupo de las muertes accidentales. El Instituto Nacional de Patología Forense registró durante los seis años comprendidos entre el 2010 y el 2015, un total de 1,276 defunciones tipificadas como accidentales. De éstas, 989 correspondieron al género masculino, lo que representa el 78% del universo. 488 de esas muertes se debieron a trauma vehicular, lo cual significa el 39% de todos los casos. 204 defunciones, digamos el 16% fueron causadas por ahogamiento; 111 decesos, equivalente al 9% fueron a consecuencia de electrocución. Sesenta y ocho individuos, cifra que representa el 5% , se precipitaron desde edificios en construcción. Las restantes 395 muertes comprenden una miscelánea de quemaduras, intoxicaciones alimentarias, así como abuso de drogas y alcohol, entre otras.
Analizando la casuística por orden de frecuencia notamos que las pérdidas humanas por trauma vehicular representan un bochornoso y escandaloso renglón, seguido por los ahogamientos. Las electrocuciones fatales constituyen un gran problema doméstico y laboral. Los fuegos en viviendas y los otros tipos de quemaduras son una fuente importante de morbilidad y mortalidad en el país. Por último, las intoxicaciones y los envenenamientos accidentales matan niños y jóvenes en la casa y en la calle. En muchas de estas fatalidades aparece el alcohol como factor contribuyente, o responsable directo.
Es evidente que la mayoría de estos fallecimientos son evitables a través de programas educativos preventivos, aunados a un reforzamiento de las leyes que rigen el tránsito en el caso del trauma vehicular a conductores, pasajeros y transeúntes. El alcohol y el agua solamente son compatibles en el vaso; en la sangre de nadadores y bañistas el etanol puede resultar fatal. La inseguridad en el ambiente laboral trae luto a la familia del obrero de la construcción. Y ni qué decir del gran peligro de la electricidad en la casa y la fábrica. Es mucho lo que falta por hacer para que muchos dominicanos no mueran a destiempo de manera accidental. Ojalá que estos datos estadísticos sirvan de ingrediente para elaborar políticas que reduzcan los accidentes mortales y ayuden a mejorar la seguridad y el bienestar de toda la población.