La agencia Reuters, en un despacho de prensa, se hace eco de la manera que la República Dominicana malgasta el dinero de los contribuyentes pagando la abultada nómina del servicio diplomático exterior. Refiere que este país no tiene rivales en materia de clientelismo político, y hace comparaciones numéricas de las dotaciones en misión exterior de varios países de la región. Por otro lado, en un evento sin ninguna conexión con el anterior, la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) reclama un salario mínimo de RD$12,000 para los servidores de la administración pública, en oposición a la paga mínima de RD$7,500 propuesta por el Ministerio de Administración Pública.

La aspiración de la CTU no es descabellada ni mucho menos. Bastaría suprimir el personal supernumerario que, por ejemplo, cita la nota de la agencia inglesa de prensa, para empezar por ahí a hacer acopio de recursos con los que se satisfaría la demanda de la central sindical. Cortando dispendio de aquí y de allá sería posible reunir lo suficiente para una paga más digna a quienes realmente desempeñan funciones en la administración pública. La supresión del clientelismo político, la renuncia a la práctica de pagar el apoyo político con los dineros del erario, permitiría hacer un poco de justicia entre los servidores públicos que realmente venden un esfuerzo o una capacidad al Estado. ¿Qué opinan al respecto los partidos?

Una medida imprescindible

El Indotel ha notificado a las empresas telefónicas que está por vencer el plazo a partir del cual deben abstenerse de la venta de chips para celulares sin que existan datos personales del adquiriente o usuario. Se está prohibiendo ahora algo que jamás debió permitirse. La comunicación anónima que esta modalidad facilita es un arma al servicio de los delincuentes, que pueden hacer llamadas sin ser rastreados o identificados.

La venta de un chip activado, listo para ser usado en un celular, supone una relación comercial entre el adquiriente y la compañía telefónica que haya activado el dispositivo, y este contrato, como cualquier otro, debe hacer constar la identidad de las partes. Además de prohibir la venta callejera de chips, el Indotel debería tener un registro de las personas o razones sociales que aleguen estar autorizadas para vender y activar móviles.