Cada vez que cualquier vocero del sector privado critica o sugiere cómo resolver el problema eléctrico, aun sea sonsamente, las autoridades oficiales se cabrean y responden con argumentos políticos que no dejan de ser verdad, como por ejemplo el desastroso efecto que ha tenido la re-estatización del negocio realizada por el gobierno del PRD.

Pero resulta que esa re-estatización no les gusta cuando arguyen para explicar el fracaso del país en proveerse de un sistema eléctrico confiable y que dé luz, pero les gusta porque ha vuelto a poner en manos de políticos la mayor parte del negocio eléctrico nacional.

El mejor ejemplo de por qué debe sacarse a los políticos del negocio eléctrico es la paradoja inmensa de que con el petróleo a US$150 el barril, hace varios meses, había menos apagones que ahora que está debajo de US$60.

La diferencia es que antes el gobierno cubría los subsidios y ahora está sin cuartos ni perspectivas de dónde buscarlos. La inviabilidad financiera es la mayor retranca del negocio eléctrico.

Esa inviabilidad financiera, junto con las innumerables veces que el marco legal del negocio eléctrico ha sido impunemente violado, son el resultado directo de la ingerencia de políticos, de éste y de los gobiernos anteriores, en contubernio con empresarios privados, para buscar maneras de exprimir mayores beneficios inmediatos.

Si el gobierno de verdad quiere resolver el problema eléctrico, tiene que emplear una voluntad política parecida a la usada para construir el Metro, y poner la dirección de la cuestión de la luz en manos de administradores cuyas decisiones no estén afectadas por la política ni intereses particulares.

No hay ningún costo político mayor que el actual fracaso del sistema eléctrico dominicano, donde no están contentos ni logran eficiencia ninguno de los actores, ni los reguladores, ni los generadores, ni los distribuidores, ni los usuarios. Los únicos felices son los políticos que obstaculizan que cada actor haga bien lo que la ley lo manda a hacer.

Culpables somos todos, no sólo las actuales autoridades de la CDEEE, pues muchos empresarios privados han demostrado mayor incapacidad que algunos funcionarios.

Pero en vez de diluir las fuerzas buscando culpables, el gobierno necesita revolucionar el negocio eléctrico. Más de lo mismo sólo significará más deudas, más daño al clima de inversión, más apagones, más desventajas competitivas para la nación entera. Así no vamos p’alante.