Hoy 
LEILA ROLDÁN
Como un avance la prensa escrita del 31 de julio presenta una reducción de la cantidad de reclusos preventivos, en una reseña de las declaraciones del Procurador General de la República, quien calificó como positivo y esperanzador que en los últimos meses ha logrado bajar el nivel de presos preventivos de un 70 a un 50 por ciento (Listín Diario, 31 de julio de 2005, página 6).
Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación hacen públicas las escandalosas cifras de víctimas de violencia de todo tipo, que se multiplican en gran proporción mes tras mes: asaltos, atracos y demás modalidades robo; homicidios, asesinatos, riñas y enfrentamientos entre pandillas; intercambios de disparos entre ciudadanos y agentes de la Policía, naciones, meneítos, bandas y grupos de malhechores de todas las edades; violaciones, feminicidios y violencia intrafamiliar; tráfico y distribución de drogas, complicidad, lavado de dinero y otros delitos ligados al narcotráfico. El gobierno, incluso, ha llegado a clamar de la ciudadanía paciencia frente a este explosivo auge de la criminalidad.
Menos presos, más delincuencia. ¿Alguna conexión?
Veamos. A diario mueren docenas de personas víctimas de los delincuentes. A diario son objeto del despojo de sus bienes muchas más. Víctimas y familiares se quejan y se querellan, y ruegan justicia por radio y televisión. Por su parte, la Policía y la DNCD revelan altas cifras de sometidos a la Justicia por estos hechos. ¿Dónde están entonces los asesinos, los ladrones, los violadores, los narcotraficantes? ¿Son ésos los presos preventivos que el Procurador se enorgullece de saber en las calles?
Yo quisiera que no. Pero la experiencia me está mostrando otra cosa. He leído sobre incontables reincidencias; personas que delinquen una y otra vez, y que son apresadas una y otra vez. He hablado con policías que ven a los sometidos llegar a sus barrios, desde el Palacio de Justicia, en menos tiempo del que les toma a ellos llegar a su cuartel policial. He hablado con madres de asesinados que, conociendo a los victimarios de sus hijos, sufren el verlos pasear socarronamente el lugar de sus fechorías.
Tal parece que se están devolviendo los delincuentes a las calles cuando todavía no se han limpiado bien la sangre bajo sus uñas. Aparentemente, como efecto de la aplicación de un código diseñado por el propio Poder Judicial, que permite y estimula la libertad a toda costa y sin pensar en las víctimas. Un nuevo Código Procesal Penal que magistralmente ha traspasado a otras instancias la responsabilidad de los jueces sobre una vieja deficiencia de nuestros tribunales en el juzgamiento de los casos del orden penal: la exorbitante cantidad de presos sin sentencia condenatoria definitiva.
Tal vez el Procurador General de la República no quiere herir la delicadísima susceptibilidad de los magistrados del Poder Judicial señalando su falta, y junto al gobierno asume planes y programas tan variados como ineficaces para encarar el problema de la seguridad ciudadana, asumiendo con ello culpa exclusiva en un problema que pudiera tener su origen en la aplicación excesivamente discrecional de una legislación extremadamente garantista como lo es el nuevo Código Procesal Penal.
Yo sólo quiero preguntarle al Procurador una cosa: ¿Ha sido evaluada la relación entre querellas y sometimientos, entre sometimientos y órdenes de libertad? Si no lo ha sido, sugiero un levantamiento de esas estadísticas. Porque puede ser que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional estén cargando con un fardo que ha diseñado a propósito otro poder del Estado, ligero para sí y pesado para ellos. Puede ser, y tal vez sea hora de averiguarlo.
