El Poder Ejecutivo sometió hoy al Congreso Nacional el proyecto de ley de naturalización con el que se espera se de respuesta de miles de personas de ascendencia haitiana que no poseen documentos y que fueron afectados por la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

El sometimiento se produce a más de seis meses de emitido el falo judicial que en una de sus disposiciones ordenaba al Gobierno elaborar el plan para regularizar el estatus civil de las personas afectadas por el dictamen.

Pero al legar al Congreso el proyecto no llegó solo, sino que se hizo acompañar de un mensaje de motivación del presidente Danilo Medina.

«El hecho de que en el territorio nacional nazcan una gran cantidad de personas a los que no se registra debidamente y que, por tanto, carecen de identidad jurídica, refleja una debilidad institucional inaceptable», explica en uno de los párrafos Medina.  Sin embargo, es preferible publicar de manera íntegra el texto confeccionado por el mandatario.

Aquí el texto íntegro del mensaje del Presidente:

Señor:

Abel Martínez Duran

Presidente de la Cámara de Diputados

Palacio del Congreso Nacional

Su Despacho.

Honorable Señor Presidente:

En atención a las atribuciones de iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 96 de la Constitución de la República, me permito someter a la consideración del Congreso Nacional, a través de su digna mediación, el proyecto de “Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización”.

El proyecto de ley que proponemos es el fruto de un amplio proceso de consultas y de búsqueda de consensos con los diversos sectores de la sociedad dominicana y el mismo está inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna.

Es, asimismo, una iniciativa que se sustenta en el ejercicio soberano de los órganos democráticos de nuestro Estado, en el interés nacional y en completa observancia de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del ordenamiento jurídico dominicano.

Luego de realizar las consultas a diferentes líderes políticos, empresariales y religiosos de la sociedad dominicana, estamos convencidos de que el texto final que se ha logrado ofrece una respuesta equilibrada y responsable a dos necesidades fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el más estricto cumplimiento de la legalidad de la República. Y, por otro, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellos que han nacido y se han criado en el país.

La realidad que enfrentamos es que la República Dominicana, desde hace décadas, arrastra carencias en materia de registro, documentación e identificación, tanto de nacionales como de extranjeros.

El hecho de que en el territorio nacional nazcan una gran cantidad de personas a los que no se registra debidamente y que, por tanto, carecen de identidad jurídica, refleja una debilidad institucional inaceptable. Nuestro gobierno está empeñado en revertir ese estado de cosas, mediante acciones concretas, entre las que podemos citar el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral, el Proyecto Inversión en la Protección Social, que desarrolla el gabinete social del gobierno en colaboración con la JCE y con el apoyo del Banco Mundial, y otras iniciativas para el debido registro de nuestra población, que ya están en marcha.

La presente iniciativa legislativa busca complementar esos esfuerzos, dando respuesta a una población muy concreta: la conformada por aquellas personas que han nacido en la República Dominicana hijos de padres extranjeros, ambos en condición irregular.

Es importante tener en cuenta que el origen de los padres de estas personas, que en su mayoría son niños y niñas, se encuentra en más de cien nacionalidades distintas, incluyendo estadounidenses, españoles, británicos, japoneses y haitianos.

Estamos convencidos de que la implementación de los mecanismos que se establecerán como resultado de esta ley nos permitirá lograr importantes avances el objetivo de dotar a todas las personas que habitan en nuestro territorio con la documentación que les corresponda y garantizar, así, el desarrollo de sus vidas.

Aunque todas las personas que son objeto de esta ley comparten dos características-haber nacido en la República Dominicana y ser hijos de padres extranjeros-cabe dividirlos en dos grupos distintos, de acuerdo a su estatus documental actual y, en consecuencia, establecer soluciones diferentes para la problemática de cada uno.

En primer lugar, están aquellas personas nacidas en la República Dominicana cuyas actas de nacimiento fueron instrumentadas irregularmente por funcionarios públicos, a pesar de no haber cumplido los declarantes con el requisito de presentar una cédula de identidad válida al momento del registro. Sin embargo, en base a esa documentación, esas personas han actuado bajo la presunción de que gozan de la nacionalidad dominicana.

Hablamos, en este caso, de personas nacidas en la República Dominicana, que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación.

Regularizar estos documentos es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación.

Es importante destacar que solo se podrán acoger a los beneficios de esta iniciativa legislativa las personas inscritas en el registro civil dominicano entre 1929 y 2007, por lo que la población definida tiene un número limitado y no podrá aumentar en el futuro. 

Asimismo, proponemos que se reconozcan, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de las personas que se encuentren en esta condición y se beneficien de esta ley.

En definitiva, se trata de permitir a estos hombres y mujeres, que vivieron toda su vida con una identidad jurídica dominicana, que en muchos casos obtuvieron su cédula, su certificado de estudios primarios y secundarios, e incluso algunos votaron o contrajeron matrimonio con esa documentación, que les sea reconocida definitivamente como válida y puedan, así, continuar su vida normalmente.

Un segundo grupo, de características distintas, está compuesto por los hijos de extranjeros, que estén en capacidad de demostrar que nacieron en República Dominicana, pero que no fueron inscritos en ningún registro público. Esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso y, posteriormente, podrían acceder, si así lo deciden, al procedimiento de naturalización establecido por la ley que rige la materia.

De acuerdo a lo establecido en la actual ley de migración, esas personas podrán registrarse, primero, en el libro para extranjeros, siempre que acrediten fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley. La población que, pudiendo acreditar su nacimiento, no se encuentre registrada aún en dicho libro, tendrá un plazo de 90 días para realizar la solicitud al Ministerio de Interior y Policía.

A partir de la inscripción en el libro de extranjería, la persona tendrá un plazo de sesenta (60) días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana solo podrán optar por el proceso de naturalización, tal y como está ya estipulado en la ley que rige la materia, pasados dos años desde la obtención de su estatus regular.

Por otra parte, entendemos que es necesario establecer mecanismos rigurosos que permitan proteger la integridad del Registro Civil, por lo que ningún beneficio se otorgará a personas que hayan tenido participación directa o indirectamente en algún fraude o irregularidad grave. Así mismo, el proyecto contempla sanciones penales para los interesados y los funcionarios que incurran en falsificaciones u otras prácticas ilícitas.

Finalmente, estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto es una ocasión histórica para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y justicia social, que garantice el derecho de toda persona a contar con una identidad. Un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos fundamentales de las personas y el respeto a la soberanía y las leyes de la República caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.

No albergamos duda de que la iniciativa legal que presentamos fortalecerá nuestras instituciones, nos cohesionará como pueblo y nos vigorizará más como nación. Pero además, mostrará al mundo la grandeza del pueblo dominicano y nuestra capacidad de encontrar soluciones basadas en el diálogo y el consenso para poner siempre el bienestar de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables, en primer lugar.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Danilo Medina