Menudo para devolver

Menudo para devolver

COSETTE ALVAREZ
Ignoro por completo el procedimiento vigente para hacerse intérprete judicial. En los tiempos en que fui juramentada como tal, había que presentar prueba reciente, de institución reconocida, de que el solicitante dominaba por lo menos un idioma extranjero. Aprender un idioma cuesta tiempo y dinero.

Y las instituciones reconocidas no expiden certificados gratuitamente, aparte de que para expedirlos, administran un examen.

Para traducir cualquier documento, por sencillo que sea, hay que tener conocimientos más allá de los idiomas. También hay que disponer de diccionarios, computadora, impresor, tinta, papel, sello gomígrafo, energía eléctrica, talonario de recibos, etc. Todo eso para cobrar, si es de  lengua extranjera a lengua materna, trescientos pesos por hoja que ya no vienen a dos espacios como antes, y quinientos pesos por hoja cuando se traduce de lengua materna a lengua extranjera.

Es muy importante que el cliente sepa qué va a hacer con el documento traducido y que tenga la honestidad de confiárselo al traductor, quien probablemente esté mejor enterado de cuál  es el documento exacto y la forma en que debe presentarlo. El tiempo en la vida de un adulto es demasiado valioso, tanto, que muchas veces es el único bien del que disponemos,  y  no  podemos, ni queremos,  ni  debemos desperdiciarlo por discreciones innecesarias, celos excesivos de informaciones.

Después quieren comerse vivos a los traductores y, encima, obtener la traducción adicional gratuita, cual desagravio. No conformes, pretenden que hagamos, también de gratis, la peregrinación de la Procuraduría, la Cancillería y los consulados. Aquí tiene sentido señalar que los consulados acreditados en el país se han vuelto de quisquillosos a necios con eso de la recepción de documentos para cualquier trámite de sus propios nativos, que si se trata de dominicanos, o peor, de dominicanas, “ahí es que esa pintura es dura”.

Ahora, a lo que interesa. No se qué piensa el Estado, específicamente el Poder Judicial, de esos auxiliares de la justicia que somos los intérpretes y traductores. Estamos nombrados por decreto, juramentados ante un juzgado. No recibimos sueldos ni la menor prestación laboral. Somos chiriperos autorizados. Cuando nos llaman para subir a estrados, tenemos que hacer hasta la mensajería: ir al departamento de personal de la Procuraduría a buscar una credencial que debemos presentar ante el juez del tribunal donde tenga lugar la causa o el interrogatorio.

Como entender y ser entendido es uno de los pocos derechos de los querellantes y de los acusados, se supone que el servicio es gratuito. Y lo es. Nunca olvidaré a aquel abogadito de pacotilla que cobró diez mil pesos a un americano por acompañarlo a un juicio y tuvo la osadía de ofrecerme cien pesos por mis servicios de intérprete, los que, naturalmente, dejé colgando en su mano en la misma puerta de la Fiscalía.

En cuanto a la traducción de documentos escritos, resulta que cuesta más la sal que el chivo. Más arriba escribí por dónde andan las tarifas por páginas. Pues les cuento que los sellos de verificación de firma, indispensables, cuestan quinientos veintidós pesos por documento, o sea, más, bastante más que el trabajo y la responsabilidad de traducirlos.

Encima, los inefables cajeros nunca tienen menudo para devolver. Quienes van por un solo documento, pierden ocho pesos: les sale a quinientos treinta la verificación.

Si son dos documentos, mil quinientos cuarenta y cuatro pesos se convierten en mil quinientos cincuenta, seis pesos más. Ni una excusa, ni una explicación, ni un “deje ver si entra algo de menudo de aquí a que le toque el turno para recibir su documento con la firma verificada”. Nada. Como si fuera lógico, normal, legal. Pero al que le falten los dos pesos de los quinientos veintidós, que sepa que dio su viaje para nada, porque no se los perdonan. Visto por estos ojos que se ha de comer la tierra.

Entonces, cualquiera coge un puesto de ésos sin sueldo.

Porque, en un día muy flojo, que sólo aparezcan trescientos ciudadanos a verificar firmas de notarios e intérpretes, no digamos de a seis pesos, ni de a ocho, pongámosle tres pesos por pendejo, perdón, por usuario, son novecientos pesos, por cinco días a la semana, son cuatro mil quinientos pesos semanales, por cuatro punto tres semanas al mes,  son diecinueve mil trescientos cincuenta pesos. ¿Usted sabe cuántas páginas tengo que traducir para ganarme esa suma, que no siempre me la pagan de una vez, y no ha faltado quien me haya echado un cubo? No son todos los profesionales dominicanos que ganan eso, ni siquiera los especialistas.

Si no entendí bien aquella vez que, de un solo golpe, subieron los sellos de un peso con treinta y cinco centavos a doscientos pesos, mucho menos entiendo el criterio por el cual el precio actual es de una suma tan inexplicable como quinientos veintidós pesos. Tienen que redondear la cifra y también abastecer de menudo a los cajeros, una caja chica, para que sirva de algo la emisión de monedas de diez y de veinticinco pesos.

¡Qué ganas las mías de perder el tiempo! Llevamos años y años quejándonos de la ausencia de devolución del menudo en las tiendas y los supermercados, las veces que nos faltan el respeto con “mentolitos” y chiclets, y la situación, lejos de mejorar, empeora. ¿Cómo puedo esperar que resuelvan éso en la Procuraduría, cuando seguramente tal práctica constituye una gran ayuda hasta para esos padres de familia que son los guardias y policías que “organizan” las filas? ¡Ah! Pero los buscones (agentes tributarios) tampoco han desaparecido de las aceras. Ofrecen servicio expreso, lo que significa que algún “tributo” debe entrar por ahí, ¿no creen?

Por estricto hartazgo, no les cuento de esos propietarios de las calles, a quienes hay que pagar para que “el carro esté bien cuidado” cuando lo estacionamos por un rato. Si nos negamos a pagar, o simplemente no tenemos efectivo para darles, por ahí no podemos ni acercarnos jamás, porque nos desinflan las gomas. No una: las cuatro.

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