Un persistente rumor circula entre los productores nacionales: “el grupo de Santiago” realiza contactos con la finalidad de que el Gobierno Dominicano le otorgue la administración y control del Merca Santo Domingo. Estas instalaciones se están construyendo con un empréstito del Gobierno con un banco alemán y las cuales han sido diseñadas, casi a imagen y semejanza del Merca Madrid, contando con el asesoramiento de ese mercado de productores que allá es una corporación pública, y no como pretenden este grupo de ciudadanos, la administración por parte de empresarios privados -que de paso podemos también afirmar como es el caso del puerto de Manzanillo- que no han invertido un “chele colorado” en su construcción.

  Debemos alabar la pujanza de este grupo empresarial, que protegido y asesorado por un mitrado de la iglesia católica de mucha influencia en las instancias de poder, ha sabido ubicar las facilidades en donde el Gobierno Dominicano tiene facultad de asignación directa, evadiendo los controles del Congreso y otros departamentos de registro.

   El éxito obtenido en lograr que el Gobierno Dominicano le avalase la suma de treinta millones de dólares para la terminación del Hospital Regional Metropolitano (HOMS), constituyó el aliciente para que se pensase en pasar a la administración del puerto de Manzanillo, no obstante no constituir ellos los principales usuarios, sino los productores de bananos, que de paso, tienen la aprehensión que les serían cobrados arbitrios extras en las exportaciones, lo cual podría contribuir en la pérdida de competitividad y  consecuentemente mercados obtenidos después de grandes sacrificios y privaciones.

   Mucha razón tienen los productores en sentirse amenazados por la angurria manifestada por los empresarios santiaguenses, que si bien es cierto han sido sumamente exitosos en el desarrollo y consolidación de las zonas francas, el aeropuerto internacional del Cibao y poseen medios de comunicación radial, televisivo y escrito, no es menos cierto, que cuando se trata de obtener prerrogativas -algunas sumamente irritantes- muestran también su poder de convencimiento dentro de las altas instancias gubernamentales para que se obre en su favor.  Mal podría el Estado propiciar este intento de obtener pingües beneficios económicos sin que estos avezados componedores arriesguen nada a cambio.  El Gobierno Dominicano debe rechazar de golpe y porrazo esta propuesta, para entonces permitir que el Merca Santo Domingo funcione como una entidad estatal en conjunción con los productores agropecuarios, que han sido hasta ahora, los más sacrificados y menos beneficiados a la hora de mercadear sus cosechas.

   Es de rigor señalar también, que ya en la agropecuaria hay  agroempresarios que no sólo saben administrar sus propiedades rurales, equipos y factorías, sino también las finanzas.  La intromisión de sectores empresariales privilegiados en asuntos puramente agropecuarios es una señal de alerta para que la protesta generalizada del sector, sea cónsona con el daño que se nos quiere inferir.  Resulta, como dicen nuestros hombres del campo: “la pava no pone donde solía poner”.  A buen entendedor, pocas palabras.