Vendedores del Mercado de Pulgas de la avenida Luperón dijeron ayer que más de 500 comerciantes quedaron excluidos en la plaza donde fueron colocados y solicitaron a los síndicos Roberto Salcedo y Francisco Peña que les permitan ocupar el área norte del elevado.

El presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado, José Manuel Caro, dijo los comerciantes de Mercado están interesados en pagarles los impuestos a los ayuntamientos del Distrito Nacional y de Santo Domingo Oeste a cambio de que los síndicos les amplíen el lugar y se lo acondicionen.

El tradicional Mercado de Pulgas reúne a unos 7,000 vendedores de todo el país, incluyendo algunos que vienen desde Elías Piña, Dajabón, Barahona y Pedernales.

Caro manifestó que desde hace un año tratan de que el síndico Peña les ceda el área aunque les cobren arbitrios por uso de suelo.

Expresó que desde hace cuatro domingos se quedaron fuera del 150 vendedores que no encontraron sitio.

El cabildo del Distrito Nacional trasladó a los vendedores debajo del elevado de la Luperón, en el cruce con la avenida 30 de Mayo. Antes utilizaban el Centro de los Héroes, Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Los comerciantes indicaron ayer, en una rueda de prensa convocada para dar a conocer la situación, que si el próximo domingo las autoridades municipales no solucionan el problema ellos trataran de resolverlo por su cuenta.

Negó que los vendedores del mercado arrabalicen el área y sean delincuentes como afirma que han comentado un periodista por televisión desde el año pasado, al que acusan de ensañarse contra su actividad mercantil y de creerse que los comerciantes no tienen derecho a comer.

El presidente de la Asociación de Vendedores también explicó que todos los comerciantes tienen que disponer de un permiso del Ayuntamiento, otorgado mediante el pago de un contrato por el que pagan entre RD$600 y RD$700. El permiso los obliga también al pago de arbitrios desde RD$45 a RD$125 semanales, dependiendo del espacio que ocupan y el lugar donde lo ocupan.

Caro manifestó que algunos sectores entienden que «nosotros no tenemos derecho a comer. El único delito de nosotros es trabajar para tratar de darle a nuestra familia el sustento. De estos negocios se paga el teléfono, los colegios, la comida y de ahí, mucha gente se beneficia de nosotros directa e indirectamente”.