La ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino, pidió hace algunos días a los alcaldes controlar o eliminar la presencia de vendedores ambulantes alrededor de los hospitales públicos y citó, según la nota periodística del HOY, el caso de la maternidad de Los Minas.
El llamado “mercado informal” es directamente proporcional al nivel de pobreza de cada país, pero en el nuestro tiene connotaciones especiales porque intervienen factores folklóricos inexistentes en otras latitudes ya que, aunque compartimos semejantes niveles de pobreza, la educación y comportamiento cívico de la población en esos lugares ha favorecido que el comercio informal no sea tóxico porque se ha organizado y, por ejemplo, los hospitales no son su blanco.
Aquí, el vendedor informal no busca licencia o patente sino que se declara poseedor de un certificado, que nadie le ha otorgado, de “padre de familia” que no ha conseguido con qué ganarse el sustento diario y está obligado a “buscársela como sea”. En el caso de los hospitales generalmente existe un contubernio con empleados reales o ficticios que en ocasiones son también “delivery” o mandaderos de los pacientes que han llegado a las instituciones desprovistos de lo esencial y que, después de sus familiares enterarse, les llevan dinero para comprar lo indispensable que casi siempre les venden a sobreprecios increíbles.
No se descarta que alguna autoridad civil o militar intervenga en una especie de peaje para permitir el jolgorio de los vendedores ambulantes alrededor de los hospitales, lo que sí es innegable es que la creciente inmigración haitiana empeora la situación sin que, hasta ahora, se observe alguna intención gubernamental de agarrar al toro por los cuernos.