En una ribera, y inmersos en una disputa internacional que se incrementa, los uruguayos están muy ocupados en la construcción de dos fábricas de papel gigantescas.

En la otra, los argentinos, en particular activistas y residentes de Gualeguaychú en el nordeste del país están manipulando una barrera instalada en uno de los principales cruces entre ambos países para obligar a regresar a los camiones que vienen de Chile con carga para el sitio de construcción de las fábricas. Otro tráfico, que incluye hordas de turistas con destino a las playas uruguayas, también han sido devueltos.

La escala de las plantas, que con sus más de US$1,7 millardos representan la mayor inversión de capital privado en Uruguay, situaría al pequeño país sudamericano en camino de convertirse en un centro global de producción de papel.

Sin embargo, ni el gobierno de Uruguay ni el de Argentina han sido capaces de desactivar la crisis, que se disparó por temores en Argentina de que las fábricas contaminarían de manera irreversible el país sin contribuir a la economía.

Argentina acusa a Uruguay de tomar acciones “unilaterales” en la construcción de las plantas, al violar el tratado internacional que gobierna el río Uruguay. Uruguay insiste que ha procedido según las reglas.

La incapacidad para llegar a un acuerdo está nublando la relación histórica entre ambos países. El mes pasado, Néstor Kirchner, el presidente de Argentina, amenazó con llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. También está repercutiendo de mala manera en el bloque comercial MERCOSUR -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y su falta de una institución eficaz mediante la cual se puedan resolver las disputas.

“Esto es una prueba de que el MERCOSUR no funciona”, dice Emilio Martínez Garbino, un miembro de la cámara baja del Congreso argentino, y un ex-alcalde de Gualeguaychú, que estaba presente en la barrera.

Entre tanto, los habitantes de Gualeguaychú dicen que a ellos no los va a parar nada hasta evitar la construcción de las fábricas.

“Las papeleras van a descargar desechos tóxicos en el río, y el aire va a oler a huevos podridos”, dice Esteban Sánchez, un residente preocupado porque las fábricas provocaran lluvias ácidas.

“Ya nadie va a querer comprar nuestra carne ni nuestras cosechas, y los turistas dejarán de venir”.

Jaime Igorra, viceministro de Uruguay para el medio ambiente dice. “El pueblo de Gualeguaychú tiene mucho miedo”. Pero el niega que las fábricas contaminen el medio, y alega que las compañías que las construyen -Botnia, de Finlandia y Ence de España- lo están haciendo siguiendo las normas internacionales, que ya han sido verificadas por expertos del Banco Mundial, cuyo financiamiento está respaldando los proyectos.

La construcción no se va a detener en las locaciones, ni se van a reubicar, dice.

La economía de Uruguay se dispone recibir un vigoroso impulso con la inversión, que representa más de 10% del producto interno bruto, y pudiera generar unos 3,000 puestos de trabajo.

Sin embargo, el proyecto sigue estando en riesgo hasta que la disputa se resuelva, y aumenta la presión mientras con la existencia de otros proyectos para la región.

Stora Enso, de Finlandia, invirtió US$1,25 millardos en un sitio cercano para un proyecto.

Ya Argentina cuenta con una docena de fábricas de papel en la región que utiliza la misma tecnología de las fábricas que se construyen en el lado uruguayo, pero las plantas de Uruguay, mucho más grandes que las argentinas, igualarán su producción.

Con la perspectiva de más plantas en la región, los ambientalistas dicen que es preciso que establecer un nuevo patrón.

“Este es un momento histórico y crítico en el cual es necesario tomar una decisión trascendental”, dice Emiliano Ezcurra, de Greenspace en Argentina.

 “Si Botnia y Ence no cambian su tecnología, todos los proyectos que se están planeando en el área van a tener un impacto muy perjudicial para el medio ambiente”.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION