LA PAZ (AFP).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su administración de poco más de un año, con reclamos de líderes de la región más rica para federalizar el país y cuando el proyecto de nueva ley petrolera suscita hondas diferencias regionales.

   Mesa es blanco de las críticas de dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz -el departamento (provincia) más pujante en el este tropical del país- que han tachado su administración de «negligente» y exigido la federalización del país. Bolivia adoptó en 1827 un régimen unitario y presidencialista.

   Uno de los líderes de Santa Cruz, el empresario Svonko Matkovic, cercano al despuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, le ha declarado «enemigo de Santa Cruz», después de que el mandatario, uno de los intelectuales más prominentes del país y nacido en el empobrecido occidente andino, les criticó por tener una «mentalidad provinciana» y plantear demandas regionales.

   Mesa terminó de granjearse antipatías cuando, dos semanas atrás, firmó un decreto para que Santa Cruz comparta los réditos de un promisorio yacimiento gasero recientemente descubierto por la filial de la petrolera francesa Total en el límite con el deprimido departamento de Chuquisaca (sudeste) y que estará en condiciones de operar en 2008.

   Entre voces que piden hasta su renuncia, estos opositores le exigen la convocatoria a un referendo sobre autonomías y le amenazan con una «resistencia civil al centralismo», rebeldía tributaria y paros entre otras presiones si las demandas de Santa Cruz no son atendidas inmediatamente.

   Los encendidos pedidos de federalización han enrarecido aún más el clima político boliviano, al punto de que las regiones andinas y amazónicas no productoras de hidrocarburos se han unido para hacer frente al proceso de «secesión en marcha» en Tarija y Santa Cruz. Hasta los sindicatos y organizaciones sociales de la región andina se han propuesto liderar la lucha contra «esos neonazis» de Santa Cruz, que alientan «un escenario de confrontación».

   «Recibimos, sin duda con respeto, decisiones hacia un proceso de autonomía y descentralización, que es una cosa muy distinta a un proceso de desestructuración del país», afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara.

   Esto ocurre en momentos en que la economía boliviana no levanta cabeza en medio de una crisis iniciada en 1999.

   Los ataques contra el gobernante boliviano, que no tiene representación en el Congreso y cuya popularidad ha caído de casi 90 al 60% en el último semestre, se registran cuando el Congreso se apresta a tratar, artículo por artículo, la ley petrolera, ya aprobada en primera instancia.

   La norma, planteada por el Movimiento Al Socialismo, del líder cocalero Evo Morales, ha levantado las protestas del empresariado criollo y las regiones productoras de petróleo, Tarija (sur, donde se emplaza la riqueza gasera del país, la segunda más importante de Sudamérica), además de la propia Santa Cruz.

   Empresarios y líderes de ambas regiones se oponen a la ley por su contenido supuestamente «confiscatorio» de las concesiones de 25 compañías petroleras extranjeras.

   Mesa, que se opone a ley de Morales porque podría ahuyentar la inversión extranjera y «colapsar» la economía del país, propuso un proyecto de ley que aún no fue considerado por los diputados bolivianos.

   De acuerdo con el depuesto Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y pecualdo, que resiste desde Estados Unidos un juicio de responsabilides ya aprobado por el Congreso boliviano, Mesa monta un tigre y «podría acabar en su estómago».

   El gobernante «está solo como Adán en el día de la madre», ironizó el diputado populista Dante Pino, mientras corren, como reguero de pólvora, rumores sobre la incubación de un golpe de Estado.

   «Si hubiera algún nivel en esa dirección es extremadamente preocupante», deploró el ministro Lara.