LA PAZ (AFP).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, afronta este miércoles una huelga del transporte y marchas de otros sindicatos sobre La Paz, mientras pone paños fríos a una difícil relación con el Congreso en el peor momento de sus 10 meses de gestión.

   Mesa se niega a atender la demanda de los transportistas de congelamiento del precio de los combustibles por el lapso de un año, en contraposición a su propuesta de sesenta días, subvención que costará al Estado 6 millones de dólares.

   Como una última propuesta, el gobierno planteó cambiar la matriz energética boliviana a gas natural comprimido como «única forma en que podemos mantener los precios para el transporte público», anunció el ministro de la Presidencia, José Galindo.

   Bolivia dispone de una cuantiosa reserva de gas natural calculada en 54,o trillones de pies cúbicos, pero es importador de carburantes líquidos.

   Los transportistas bloquearon las calles con sus propios vehículos y colapsaron la ciudad de La Paz y su vecina El Alto, donde las actividades educativas y comerciales eran irregulares.

   La protesta provocó episodios de violencia, entre los más graves la quema de un vehículo patrullero en un barrio residencial de la sede de gobierno. Al menos ocho chóferes fueron detenidos durante la protesta.

   A causa de los cortes callejeros, que afectaron mayormente a un exclusivo barrio de la zona sur de la ciudad, Mesa tuvo que despachar desde su domicilio, al igual que la mayoría de sus ministros de Estado.

   Con oficinistas y escolares desplazándose a pie o en bicicletas, los ministerios de Trabajo y de Educación anunciaron tolerancia en la jornada, mientras los sindicatos de transporte de La Paz y El Alto amenazaron con una huelga indefinida de persistir la negativa de Mesa.

   Galindo atribuyó el paro a pugnas internas en el sindicato de choferes y dijo que unas 5.000 personas recibieron dinero para bloquear rutas.  En respuesta a esas declaraciones, la federación de choferes de La Paz dio por rotas las negociaciones hasta obtener una satisfacción pública del gobierno.

   Coincidente con el paro de 24 horas del transporte, miles de vecinos de El Alto, epicentro en octubre de 2003 de sangrientas protestas populares que originaron la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ascenso de Mesa, caminaron 12 km hasta el centro de La Paz para protestar contra el gobierno.

   Unas diez mil personas exigieron a Mesa  congelar el precio de los combustibles, nacionalizar los hidrocarburos en manos de petroleras extranjeras y enjuiciar a Sánchez de Lozada, autoexiliado en Washington.

   Otra marcha de unos mil campesinos confluyó también en La Paz tras recorrer a pie unos 100 km desde una comarca del Altiplano para reclamar la libertad de un dirigente agrario encarcelado bajo sospechas de haber ordenado el linchamiento y quema en julio último de un alcalde aymara acusado de corrupción.

   El líder aymara Felipe Quispe amenazó con derrocar a Mesa si no liberaba al dirigente Gabriel Pinto a quien calificó de «adalid de las luchas contra el sistema» capitalista.

   Pinto es dirigente del Movimiento Sin Tierra que ocupa indiscriminadamente fundos en el área rural boliviana.

   Trece campesinos, entre ellos siete mujeres, fueron detenidos por la policía, que lanzó bombardas lacrimógenas, por ocasionar disturbios en la puerta de la cárcel, ubicada en el centro de La Paz.

   El gobierno gestionaba en tanto con dirigentes de partidos políticos representados en el Congreso la aprobación de una »Ley de necesidad de ejecución y cumplimiento del referéndum del gas». Esa norma se basa en la propuesta aprobada en un referendo el 18 de julio que autorizó al Ejecutivo recuperar la propiedad en »boca de pozo» de los hidrocarburos y luego exportarlos.

   El Congreso rechazó la semana pasada «por insuficiente» el proyecto gubernamental y Mesa amenazó con no promulgar ninguna legislación aprobada por los legisladores en tanto no sea sancionada su propia ley.

   Con un conflicto de poderes en ciernes, Mesa aplicó paños fríos a la difícil relación con el poder Legislativo y promulgó en las últimas horas una remozada Ley Electoral, mientras sus operadores mantienen reuniones con las fuerzas políticas para zanjar el asunto.