LA PAZ (AFP).- El presidente Carlos Mesa intentaba este martes conjurar un clima de creciente descontento social, atizado por amenazas de huelgas, reinvindicaciones sectoriales y presiones de los sindicatos para que nacionalice los hidrocarburos.

El asediado gobernante llamó a una reunión en la casona presidencial en La Paz al líder de la sindical Central Obrera Bolivia (COB), Jaime Solares, quien durante un multitudinario mitin el lunes le exigió la nacionalización de los hidrocarburos, incluso antes de un referendo popular de efecto vinculante.

Esta consulta, prevista para el 18 de julio, debe dilucidar el destino de estos recursos, actualmente en manos privadas.

A su ingreso en el Palacio Quemado, el radical dirigente de la COB declaró: «vengo a fijar las reglas del juego». Solares es uno de los líderes de la rebelión popular que derrocó en octubre pasado al presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, acusándolo por su política de exportar hidrocarburos en condiciones supuestamente desventajosas para el país.

El resultado del encuentro «tiene que ser positivo», declaró luego de afirmar su disposición al diálogo. «El Presidente debe derogar la ley de hidrocarburos» que patenta el control de consorcios extranjeros, dijo a la prensa.

Obstinados en la nacionalización de los hidrocarburos, que demandaría indemnizaciones por unos 4.500 millones de dólares, más del 50% del Producto Interior Bruto, los sindicatos se oponen ahora al referendo, cuyas preguntas difundirá el miércoles el Gobierno.

La consulta popular ha recibido en cambio el apoyo de las regiones meridionales donde se emplaza la riqueza gasífera boliviana: 54,3 trillones de pies cúbicos.

El encuentro de Mesa y Solares tiene lugar mientras 222 familias de mineros aymaras se han declarado en huelga de hambre en una céntrica avenida capitalina, a 5 cuadras del palacio de Quemado, donde permanecen en condiciones precarias presionando al Gobierno para desaloje del distrito de Caracoles, a unos 70 km de La Paz, a otros mineros cooperatizados que ocuparon por la fuerza sus fuentes de trabajo.

El ayuno no incluye a unos 200 niños que acompañan a sus padres en la extrema medida.

Similar actitud también han adoptado una decena de personas que fueron heridas por las fuerzas del orden durante la insurrección popular de octubre, que demandan al Ejecutivo el pago de una «indemnización humanitaria».

Mientras el jerarca de los campesinos aymaras, Felipe Quispe, otro de los líderes que precipitó la caída de Sánchez de Lozada, amenaza con replegarse a «las bases» y organizar desde la próxima semana «un bloqueo armado» de los caminos andinos a Perú y Chile, el poderoso sindicato de los choferes rompió diálogo con el Gobierno al no encontrar eco a sus demandas.

Quispe repudia la ratificación en el Congreso de un convenio mediante el cual Bolivia se compromete a no enviar a la Corte Penal Internacional a soldados de Estados Unidos que incurran en delitos de lesa humanidad o de guerra.

Por su parte el líder de la Confederación de Choferes de Bolivia, Angel Villacorta, que pide el recorte de los ingresos de los intermediarios para el suministro de carburantes, convocó a sus afiliados para decidir un paro de 72 horas «en cualquier momento».

Choferes y Gobierno habían alcanzado la víspera un preacuerdo, pero la relación volvió a tensarse después de que el precio del litro del diesel y el balón de gas licuado sufrió un imperceptible incremento de 4 y 40 centavos de boliviano respectivamente, a causa de la agitación en el mercado internacional del crudo.

Otra fuente de presión la surtieron este martes los sindicatos de profesores rurales y urbanos, que después de obligar al Gobierno a revocar una disposición para la descentralización de la educación, salud y servicios camineros, exigen ahora un incremento salarial.