LA PAZ (AFP).- El presidente Carlos Mesa desató una guerra con el Congreso de Bolivia al exigirle aprobar sin reservas su ley de hidrocarburos y dijo que mientras eso no ocurra no promulgará ninguna ley sancionada por el parlamento.

   Los congresistas, incluso sus supuestamente aliados socialistas de Evo Morales, pusieron en la mira al presidente y lo calificaron de «dictador», «autoritario», «soberbio», «petulante» y «chantajista».

   Los fuegos se abrieron después que el Congreso devolvió «por insuficiente» el proyecto de ley, basada en el referendo de julio que a elevar hasta un 50% los impuestos a petroleras extranjeras, recuperar la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo, exportar gas y abrogar la legislación que afirma el poder de petroleras extranjeras.

   La réplica del gobernante -que no cuenta apoyo alguno en el Congreso- fue contundente: «Voy a observar todas las leyes sancionadas por el Congreso hasta tanto la Ley de ejecución y cumplimiento del referéndum no haya sido sancionada por el poder Legislativo», dijo la noche del viernes.

   «No puedo concebir mi Gobierno sin un parlamento que cumpla las tareas que tiene que cumplir», dijo.

     La decisión de Mesa «significa una declaración de guerra al Legislativo y el Presidente sabe que para declarar la guerra tiene que tener otro apoyo (…) si ha encontrado un apoyo extraparlamentario quiere convertirse en dictador», protestó el diputado Antonio Peredo, mano derecha de Evo Morales.

   Mesa «está demasiado presionado por las transnacionales» dijo el diputado izquierdita Iván Morales, mientras que su colega socialdemócrata, Rafael Oviedo, afirmó que «las determinaciones unilaterales (de Mesa) reflejan una conducta soberbia y autocrática».

   El parlamentario conservador Paulo Bravo calificó de «rara» la conducta del mandatario.

   Los menos ácidos, como el populista Ernesto Poppe, interpretaron la decisión de Mesa como un rebalse de su popularidad, 70% según sondeos privados, y un diputado, Hugo San Martín, dijo ser consciente de que «aprobar la ley del referendo es un mandato popular».

   En medio de una «guerra entre poderes», como la describen los medios locales, el presidente socialdemócrata del Congreso, Hormando Vaca Diez, pidió «tranquilidad» al jefe de Estado. «Vamos a producir una verdadera ley sin presiones», dijo.

   Analistas locales dijeron que Mesa, que hace un mes despertó el prurito congresal al nombrar, de un plumazo y por decreto, a 17 autoridades del poder Judicial, facultad del Legislativo, saca punta a su popularidad y también capitaliza la impopularidad de los partidos representados en el Congreso.

   Mesa obtiene «beneficios de profundos sentimientos de repudio, desconfianza y rechazo que existe en la población sobre el Congreso», dijo el analista independiente Róger Cortes. Empero, agregó, su decisión política muestra que «tiene la misma sensibilidad de un elefante moviéndose en una casa de porcelana».

   Su colega Jorge Lazarte estima que se trata de «una declaratoria de hostilidad al Congreso con una amenaza que es política e inconstitucional».