LA PAZ (AFP).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, renovó el aval del Congreso que el martes rechazó su renuncia, pero el opositor líder izquierdista Evo Morales sumó fuerzas con las centrales de obreros e indígenas para exigir al mandatario una ley de hidrocarburos de corte nacionalista.

   A pesar de que logró un pacto político que le garantiza una mayoría en el Congreso, donde se debate una crucial ley de hidrocarburos, el presidente no pudo plasmar una tregua social, por lo que permanece acosado por bloqueos de rutas.

   La ratificación de Mesa fue lograda mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, que se comprometieron a asegurar la gobernabilidad del país y discutir una nueva de ley de hidrocarburos.

   El único partido que no adhirió al acuerdo fue el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Morales, promotor de los bloqueos de rutas y combativo opositor a que empresas extranjeras exploten los recursos energéticos bolivianos.

   Como respuesta a la alianza de Mesa para lograr la aprobación de una polémica legislación petrolera, Morales se alió con el líder sindical Jaime Solares, el jerarca campesino Felipe Quispe y una organización de vecinos para oponerse a «la oligarquía y las transnacionales que representa el presidente».

   Morales, Solares y Quispe, que suscribieron un documento de «unidad nacional», promovieron la rebelión popular que precipitó la caída del empresario y presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003.

   El líder opositor reclama una ley que recupere «verdaderamente» la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, aún en manos privadas, y principalmente busca elevar de forma unilateral las regalías que percibe el Estado por la producción petrolera, del actual 18% a 50%.

   El movimiento social «no tiene otra alternativa que unirse frente a la unidad de Mesa con la oligarquía y las transnacionales» petroleras, proclamó Morales.

   Luego del pacto intersindical, las organizaciones campesinas y de cultivadores de coca radicalizaron este miércoles sus medidas de fuerza y cerraron las rutas bolivianas a Perú y Chile, como también la principal carretera del país.

   Las vías que unen La Paz con el sur peruano y el norte de Chile quedaron cerca del mediodía a merced de indígenas aymaras liderados por Felipe Quispe, mientras las que conducen al Desaguadero (en el límite con Perú) y a la frontera con Chile, estaban bloqueadas con piedra y escombros.

   En tanto, cocaleros afines a Morales cortaban en puntos estratégicos un tramo de 200 km de la vía que traviesa el Chapare y une las ciudades de Cochabamba (centro) con Santa Cruz (sudeste).

   Los bloqueos campesinos permanecían en tanto invariables desde la semana pasada en los caminos que conducen a la ciudad de Sucre (700 km al este de La Paz), aislada del resto del país.

   En Santa Cruz, la ciudad de mayor crecimiento, 900 km al este de La Paz, cerca de 6.000 vehículos de transporte público paralizaron la ciudad en demanda de un alza tarifaria, poco después que Mesa llamó para el jueves a manifestar contra los bloqueos.

   Para contener las expresiones de descontento de los bloqueadores, el mandatario anunció que aplicará «la apertura de investigación, juicio y eventual detención de quienes están cometiendo actos sediciosos, delitos y vulnerando los derechos ajenos al interrumpir el libre tráfico en el país».

   «Vamos a trabajar con la justicia para que las personas que llevan adelante estas acciones sean juzgadas y eventualmente llevadas a la cárcel por romper la norma constitucional», reveló.