Tras varios meses de “rumor público” en el que se hablaba de un extenso expediente de supuesta corrupción administrativa encabezado por el exministro Donald Guerrero durante la gestión del presidente Danilo Medina, y realizada la Operación Calamar desde horas de la noche de ayer, surge la inquietud de qué tipo de medida de coerción será tomada en consideración por parte del tribunal apoderado.

En ese sentido, periodista de este medio consultó al especialista en Derecho Penal, Bunel Ramírez Meran para conocer la incidencia de dichos rumores en el debido proceso del caso, adelantando que lo procedente contra Guerrero sería la prisión preventiva.

“La prisión preventiva no sólo procura la presencia del imputado a los actos procesales, sino para proteger la integridad de la investigación”, refirió Ramírez Meran.

Asimismo, señaló que la prisión preventiva evitaría que el imputado pueda acceder a herramientas de intimidación al igual que el “ocultamiento” de algún tipo de pruebas.

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“Evita intimidación de testigos ocultamiento de pruebas y destrucción de evidencias del delito”, explicó el destacado jurista.

Se espera que contra Donald Guerrero al igual que el resto de los detenidos se conozca medida de coerción además de la solicitud de declaratoria de caso complejo.

Operación Calamar

Entre los más de 40 allanamientos realizados durante la Operación Calamar por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), entre los que se cuentan los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero y el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Asimismo, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

De igual modo, fueron arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La acusación del Ministerio Público estaría sustentada de manera preliminar en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.