El presidente de Metales Antillanos, José Ignacio Acero Ruiz, informó ayer que recurrirá a los tribunales de la República e internacionales para que la justicia decida sobre la “insensatez” de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de cerrar las operaciones de su empresa.
Dijo que esa medida, la que calificó de arbitraria, está lejos del espíritu de concertación y que a todas luces busca infringirles un daño moral y económico de consecuencias insospechadas y aún no cuantificadas por el incumplimiento de contratos con empresas estadounidenses y de otras nacionalidades.
Indicó que a raíz de la decisión de Medio Ambiente de ordenar el cese de las operaciones de reciclaje y reparación de embarcaciones en las riberas de los ríos Ozama e Isabela, su empresa inició un proceso de diálogo con las autoridades.
“Durante ese proceso manifestamos al ministro Francisco Domínguez Brito nuestra disposición de acatar dicha resolución, siguiendo un calendario ordenado y racional de adecuación de nuestras instalaciones para responder a los requerimientos medioambientales”, expresó Acero Ruiz en una nota enviada a este diario.
Dijo que en todo momento estuvieron dispuestos a respetar las normativas, pero que pidieron que fuera preservada la seguridad jurídica, el debido respeto, la no violación a la propiedad privada, el clima de negocios y la integridad de los cientos de empleados que dependen de la empresa.
A pesar de eso, manifestó, las autoridades con un fuerte contingente militar, entraron a las instalaciones impidiendo el acceso del personal y poniendo en peligro su integridad y la de sus instalaciones.
Advirtió que no descarta emprender acciones civiles y penales, a fin de ser compensados por los daños económicos de tal decisión.