Metas incumplidas en primera mitad

Metas incumplidas en primera mitad

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Al llegar a la mitad del período constitucional el mayor éxito del gobierno del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) radica en haber recuperado la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, aunque a un costo elevado de endeudamiento del Banco Central.

Una revisión del discurso inaugural del doctor Fernández permite concluir que la mayoría de sus metas no se han cumplido, especialmente al no haber dado prioridad a  la inversión en educación, salud y solución de la eterna crisis de la energía eléctrica, cambiándola por la improvisación en la construcción de un metro capitalino.

El discurso modernizante del primer mandatario ha estado en contradicción con la repetición de viejas prácticas de poca transparencia, que no fortalecen la institucionalidad democrática y que centra la atención más en cerrar la brecha digital que la ignominia social dominicana.       

Estabilidad económica

El cambio de gobierno en el 2004 implicó de inmediato la recuperación de la confianza y la estabilización de la economía, que ya había pasado por lo peor de devaluación-inflación y huida de capitales, no sólo fruto de la crisis bancaria, sino también de las incertidumbres generadas por el intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en circunstancias tan adversas.

El sosegado discurso del presidente Fernández y las restricciones monetarias contribuyeron a la recuperación de la estabilidad macroeconómica. Siguió el proceso de reducción de la inflación que entre marzo y agosto ya registraba tasas de 1 por ciento mensual y la cotización del peso cayó del 42 al 29 por dólar en unos pocos meses para establecerse alrededor del 32 por uno.

En vez de enfrentar el déficit cuasifiscal del Banco Central, por los certificados emitidos para cubrir el fraude bancario, el nuevo gobierno ha continuado esa política elevándolo de 89 mil millones a unos 162 mil millones, con un crecimiento del 80 por ciento, constituyéndose en una bomba de tiempo para la economía nacional.

Pero esa estabilidad forzada  ha incentivado el retorno de capitales con incremento de inversiones. El resultado ha sido unánimemente reconocido: una reanudación del crecimiento económico con tasa de 9 por ciento en el 2005 y sobre el 11 por ciento en la primera mitad del año en curso.

El restablecimiento del acuerdo con el FMI y una exitosa renegociación de la deuda externa que aplazó el pago de cientos de millones de dólares y dos reformas tributarias han permitido al gobierno disponer de mayores recursos para inversiones y gastos, que han contribuido al crecimiento económico, pero que también representan una amenaza por la acumulación de pagos para la segunda mitad del período.

Al gobierno peledeísta hay que reconocerle éxito en la política monetaria y en un notable fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero, en una mayor eficiencia de los organismos recaudadores y de la administración pública en general. También en la profesionalización del ministerio público y mejoramiento del sistema carcelario, así como en una expansiva política internacional.

Los mayores déficits

Entre los mayores déficits de esta gestión se cuenta una política de inversión que dejó relegada la educación y la salud, con tasas inferiores al mandato legal y los parámetros internacionales, reduciendo la política social al asistencialismo de «comer es primero» que proporciona 550 pesos mensuales a más de 150 mil familias.

El discurso de modernización y reducción de la brecha digital y de la sociedad de la información choca con el poco esfuerzo por mejorar la formación de los recursos humanos y establecer políticas para reducir la tremenda brecha social que mantiene en la pobreza a la mitad de la población. Lo destinado para educación en el 2006 alcanza apenas a la mitad del 8 por ciento del producto bruto interno o el 16 por ciento del presupuesto nacional que establece la Ley General de Educación.

La política de austeridad anunciada en el discurso inaugural del presidente Fernández se quedó en el papel, y en vez de reducirse el gasto en «no menos del 20 por ciento» se ha visto incrementado con altos sueldos, excesiva gasto publicitario y de asuntos superfluos. En vez de suprimir cargos excesivos aumentaron los subsecretarios y los vicecónsules. Tampoco se han suprimido los privilegios consulares que se prometió cambiar por sueldos fijos y el Estado ha seguido financiando jepetas y otros vehículos de lujo.

El metro capitalino que no figuraba en el programa de gobierno ni en el discurso inaugural, rechazado por el inoperante Consejo Económico y Social,  ha centralizado la inversión del Estado, extendida también en términos fastuosos al edificio de la Suprema Corte de Justicia, a la biblioteca de la Universidad Autónoma, a la terminación de una clínica privada y la ornamentación de un parque en Santiago.  

La falta de transparencia, las inversiones y gastos sin concursos ni licitaciones  y tráficos de influencia han dejado mucho que desear en una real política de prevención y combate a la corrupción, que se ha limitado a dos o tres sometimientos de funcionarios del anterior gobierno. Al mismo tiempo con el retiro de los abogados del Estado  fue congelado el proceso judicial abierto contra funcionarios del anterior gobierno del PLD, que volvieron a ocupar cargos relevantes.

Contradicciones al interior del gobierno han dejado mucho que desear en los procesamientos judiciales a los acusados de los fraudes bancarios, aunque el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Suprema Corte le han salvado la cara, presionados por el acuerdo con el FMI que los reclama.

El fracaso energético

El balance de la mitad del período no permite augurar una solución a la crisis energética, que para la opinión general debería ser la primera prioridad nacional, por sus repercusiones sobre la competitividad de los sectores productivos, sobre todo al aproximarse el inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos.

De las políticas energéticas planteadas por el presidente Fernández en su discurso inaugural sólo se ha logrado la aprobación de la ley de incentivo a las energías renovables, pero lo apagones y una electricidad cada vez más cara han seguido flagelando el cuerpo social, mientras el subsidio de 20-25 millones de dólares anuales se ha duplicado, con el agravante del desmesurado incremento en el costo del petróleo..

Ni se han renegociado los contratos de compra y venta de energía, ni se ha realizado licitación internacional para privatizar la administración de las empresas distribuidoras estatales, como tampoco se han transparentado los costos ni se ha aumentado el índice de cobros, aunque el presidente Fernández ha repetido que sectores pudientes son los que más se roban la energía.

En el ámbito institucional también hay más sombras que luces. El Consejo Económico y social y la Comisión Nacional de Etica aún no pasan de las intenciones, y empañan la gestión gubernamental la recurrencia a las políticas clientelistas, las compras de opositores y el exceso de gasto que generó un déficit de casi 5 mil millones de pesos en la campaña electoral de este año.

A pesar de sus limitaciones, y favorecido por la debilidad en que se han sumido los partidos de oposición, el gobierno puede reivindicar una renovación de la confianza ciudadana por el resultado de las elecciones de este año que le otorga el control del Poder Legislativo, lo que supone mayores posibilidades, aunque también más fuertes riesgos para la segunda mitad de su período.

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