A P 
CIUDAD DE MÉXICO. La cámara baja del Congreso de México aprobó eliminar la inmunidad de la que gozan todos los servidores públicos del país y la cual los protege de posibles procesos legales en su contra.
La iniciativa de desafuero fue aprobada sin oposición y básicamente suprime la necesidad de que los funcionarios sean sometidos a juicio político, salvo el presidente.
Según el proyecto de ley, los gobernadores, alcaldes, legisladores y jueces podrían ser enjuiciados en forma automática una vez acusados, pero podrán permanecer en el cargo sin que se les encarcele mientras se define si se les condena.
Bajo los cambios constitucionales aprobados el jueves, el presidente podría ser enjuiciado mientras continúa en el cargo pero solo hasta después de la autorización de la Cámara de Diputados. Según la ley, el mandatario puede ser sometido a juicio político y procesado pero solo frente a un número limitado de delitos graves, como la traición.
“Con este dictamen se pondrá fin a la impunidad que rige sobre la clase política mexicana”, dijo el diputado Jesús Álvarez López, del partido Morena, de izquierda.
La iniciativa de desafuero debe ser aprobada por el Senado y los congresos locales en al menos 17 de los 31 estados del país y la Ciudad de México.
El cambio podría tener sus mayores repercusiones en los gobernadores estatales, muchos de los cuales fueron enjuiciados por corrupción pero hasta después de que dejaron el cargo.
Miembros del Congreso, procuradores y magistrados ya habían perdido su fuero mediante reformas previas.
