POR RONALD BUCHANAN
El visitante de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México se olió algo raro el mismo momento en que se presentó en la oficina del fiscal con una petición oficial para el caso sobre el asesinato de Alejandra Dehesa, administradora de la oficina del buró de la revista Newsweek en la ciudad

“¿Cuál usted desea?, le preguntaron “¿El Viejo o el Nuevo?”.

El Nuevo expediente, sobre el cual ni la comisión de derechos ni los abogados se Sergio Dorantes, el supuesto asesino, han sido informados, reveló que Dorantes había sido inculpado por un testigo falso que recibió la cuantiosa suma de 1,000 pesos (poco menos de US$100, 0 £50), informó la comisión la semana pasada.

Mientras tanto, Dorantes, después de más de dos años huyendo, está bajo un régimen de alta seguridad en una prisión de Estados Unidos en espera de la extradición a un sistema judicial que según muchos analistas es corrupto, ineficiente y del que desconfían profundamente todos, menos los ricos y poderosos.

Dorantes, de 60 años, es un hombre de origen humilde que construyó una carrera como el más destacado foto-reportero de México para publicaciones internacionales, como The New York Times, Paris Match y El País, el diario español.

Dehesa, la víctima del asesinato era su esposa, de quien estaba separaba, con la cual, según dice, mantuvo buenas relaciones.

Se emitió una orden de arresto del Dorantes, cuando un mes después del crimen, hace tres años, un mensajero más joven dijo a la policía que recordaba haber visto un hombre que se ajustaba a la descripción del fotógrafo saliendo de la oficina de Newsweek poco después de la hora en que los estudios forenses indicaban la muerte de la señora Dehesa.

Lo que reveló el Nuevo expediente sobre el caso fue que el mensajero reconsideró su testimonio, al decir que se lo habían indicado los acusadores que le pagaron mil pesos. Sin embargo, el había sido el único testigo “sólido” en un caso, que de no ser así, se hubiera basado en rumores.

Mientras Dorantes estaba en fuga, envió numerosos mensajes electrónicos a amigos y colegas defendiendo su inocencia, pero expresando temor porque ningún tribunal mexicano aceptaría su versión.

En un mensaje desde la cárcel de EEUU esta semana, dijo al Financial Times que los años que estuvo huyendo lo arruinaron. “Ha sido una vida de trabajo duro para pagar por esta invención”, dijo.

La presión para que se produzca una “solución” rápida, a cualquier costo, ha sido obvia en al menos dos casos recientes, dijo Jorge Zepeda, un comentarista político del diario El Universal. En febrero, una indígena de 73 años del estado de Veracruz, en el Golfo de México, se dijo que le había contado a sus parientes, poco antes de morir, que había sido golpeada y violada por una pandilla de soldados.

Los funcionarios forenses de la oficina del fiscal estatal de Veracruz dijeron que tenían pruebas para respaldar su historia, pero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos financiada por el gobierno, había concluido que su muerte se debió a “gastritis crónica2. Sin esperar una nueva investigación, el presidente Felipe Calderón proclamó limpio al ejército.

“Eso fue un error, y volvió a hacer lo mismo en el caso de Amado Ramírez”!, dijo Zepeda. Ramírez, un corresponsal de la red Televisa, fue asesinado en Acapulco el Viernes Santo.

Dado el poder político de Televisa, “la presión para encontrar a sus asesino fue inmensa”, dijo Zepeda. Después que dos sospechosos fueran arrestados, Calderón elogió a la policía por atrapar a los que llamó “los asesinos de Amado. Los dos hombres están todavía pendientes de juicio.

 “Lo triste es que aun cuando sean los asesinos –y yo lo dudo mucho– nadie lo va a creer”, dijo Zepeda.

La Policía de México, mal pagada y recargada de trabajo dice que los riesgos en sus deberes diarios compromete su capacidad de trabajar por la justicia. Decenas han muerto en lo que va de año solo en la guerra del país contra los narcotraficantes.

El miércoles pasado, dos oficiales fueron muertos por pandilleros densamente armados, que entraron a un hospital de Tijuana para “recatar” a un camarada herido.

La falta de credibilidad en el sistema es particularmente omnipresente cuando se trata de personas ricas y bien conectadas.

“La abrumadora percepción es que la gente de negocios poderosos están confabulados con la elite política para evitar ser sorprendidos por la justicia”, dice Sergio Aguayo, un profesor del prestigioso Colegio de México de graduados y un notable defensor de la democracia.