POR RONALD BUCHANANIN
En Ciudad de México
No se trata tanto de “un cuerpo sin cabeza en un bar `topless´”, como publicó un titular famoso del New York Post, sino cabezas cortadas regadas por todas partes. Al menos 25 personas han sido decapitadas hasta la fecha este año en México, mientras las guerras territoriales de los carteles de la droga dan un giro amenazador. En el incidente más reciente, cinco cabezas cortadas, envueltas en bolsas plásticas, fueron arrojadas en la pista de baile de un bar de baja categoría en el estado occidental de Michoacán. Tenían pegadas  advertencias de que “la familia” tomaría una venganza similar con sus rivales.

El presidente electo Felipe Calderón, quien se ufana de ser de Michoacán, admitió recientemente que la violencia se había desbocado, fuera del control de las autoridades en varios estados y en Ciudad de México.

Eso no es más que repetir lo obvio, dijo Lorenzo Meyer, un historiador del respetado Colegio de México. La administración saliente del presidente Vicente Fox “ha fallado de manera destacada en cumplir con la responsabilidad básica de cualquier gobierno: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus posesiones”, expresó.

Al igual que los terroristas del Oriente Medio, cuyas tácticas parecen haber imitado, las bandas de narcotraficantes utilizan la decapitación como una herramienta de publicidad, dijo el doctor Meyer. Algunas cabezas cortadas han sido colocadas fuera de los edificios públicos en lo que parece ser un reto directo a las autoridades.

El Foro Económico Mundial se unió al debate sobre la ilegalidad con la publicación de su “Informe sobre Competitividad Global 2006-2007”, en el cual México clasifica en el lugar 58. “México tiene un serio problema con la criminalidad que incrementa los costos de las empresas y socava la competitividad”, dijo Augusto López-Claros, jefe económico del foro.

Líderes de negocios en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, una de las ciudades peor afectadas, han pedido que el gobierno traiga al Ejército. La petición fue denegada, pero la inquietud invade la comunidad empresarial en todo México.

“Es un problema enorme, no hay duda de eso”, dijo Germán Ramírez, cuyo Parque Industrial Santa Fe, en la ciudad industrial de Saltillo, concentra varias compañías de componentes para autos.

Saltillo ha podido escapar de la violencia reciente, pero Ramírez señaló una de las razones. México era solo un exportador de drogas; ahora es un mercado interno enorme que inspira gran parte del conflicto. “El gobierno no parece ser capaz de hacer algo al respecto, pero quizás los ciudadanos sí”, dijo Ramírez. “Yo estoy a favor de las pruebas `anti-doping´ en todas las compañías y en lugares como los colegios y las universidades. Puede parecer algo extremo, pero tenemos que empezar por algún lugar”.

Los grandes inversionistas parecen restarle importancia a la violencia, de la misma manera que descartan las disputas después de la elección del señor Calderón.

“No constituye una preocupación”, dijo Damian Fraser, jefe de estrategia para América Latina de UBS Warburg. “Los inversionistas miran las sólidas cifras económicas y eso les da confianza”.

Mientras Fraser hablaba la semana pasada, el índice IPC de la Bolsa de Valores de México puso nuevos récords: el fabricante de cemento, CEMEX, anunció una extensión de una planta en el estado de Puebla por US$460.0 millones, y Telemundo, la filial en español de la red NBC TV en EEUU, exponía en una conferencia de prensa sus planes de adquirir un canal en México.

El señor Fox tiene ahora la oportunidad dorada de refutar a sus detractores, como el doctor Meyer, quien acusa a su gobierno de ineptitud frente al desorden público.

Durante varios meses, la anarquía ha regido en la por lo general adormecida ciudad sureña de Oaxaca. Una huelga de maestros llevó a una revuelta popular abierta en la cual la redundantemente nombrada Asamblea del Pueblo de Oaxaca (APPO), imparte la “justicia popular” para los supuestos criminales, provoca batallas con armas de fuego y levanta barricadas. Fuentes cercanas a las instituciones de la seguridad del estado dicen que los grupos rebeldes armados están profundamente implicados.

APPO está tras la cabeza -en esta ocasión, metafóricamente- de Ulises Ruiz, el gobernador del estado, que se ha visto obligado a vivir con lo que cabe en una maleta, mientras su administración pasó a la clandestinidad. En medio de llamados para que el gobierno de Ciudad de México envíe la Policía federal militarizada, la comunidad empresarial local cerró las bombas de gasolina la semana pasada, las tiendas y otras pequeñas compañías durante 48 horas.

Y cuando las conversaciones entre APPO y el gobierno federal se mantienen estancadas, la renuencia del presidente Fox a emplear la fuerza se está haciendo inviable. Fox ha prometido que el problema no se le pasará a Calderón el primero de diciembre.

Pero los precedentes son cualquier cosa menos estimulantes. Después que asumió el poder a finales de 2000, el señor Fox anunció que la construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México sería la prioridad principal de obras públicas de su administraciòn. Sin embargo, el gobierno se echó atrás, cuando los campesinos enarbolando machetes se negaron a ceder sus tierras. 

VERSION IVAN PEREZ CARRION